CPC y atentado en el sur: El Estado no está ejerciendo sus obligaciones de garantizar la paz
"Consideramos necesario rediseñar los protocolos con que opera la fuerza pública", planteó el gremio.
La Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) condenó "terminantemente" el atentado incendiario en San José de Mariquina, señalando que este tipo de hechos "nuevamente afecta a decenas de camiones que constituyen la fuente de trabajo de chilenos, cuyos derechos fundamentales están siendo vulnerados".
A través de su presidente Alfredo Moreno, el gremio sostuvo que "garantizar la paz, la seguridad y la posibilidad de desarrollar una actividad productiva constituyen obligaciones esenciales del Estado chileno, que no están siendo ejercidas como es debido. La quema de casi 50 camiones en 10 días, es un hecho gravísimo e inaceptable".
"Nos preocupa sobremanera constatar cómo ha escalado la violencia en el último tiempo, aumentando el nivel de los daños causados y el territorio que está siendo afectado", afirmó.
Por lo mismo, Moreno agregó que "urge actuar con inmediatez y rigurosidad, de manera de esclarecer estos hechos y sancionar a los responsables a la brevedad, evitando la impunidad que hemos visto frente a hechos anteriores de extrema gravedad como éste".
"Asimismo, consideramos necesario rediseñar los protocolos con que opera la fuerza pública, con el fin de disuadir y controlar las expresiones de violencia y así comenzar su erradicación definitiva", manifestó el presidente de la CPC.
En ese contexto, Moreno hizo un llamado urgente a las autoridades del Estado "a realizar sus máximos esfuerzos y tomar las acciones que corresponda para hacer respetar la Constitución y el Estado de Derecho, garantizando la protección de los derechos de quienes viven y trabajan en las regiones que están siendo frecuentemente afectadas por atentados terroristas, que claramente no constituyen hechos aislados".
"La violencia y la transgresión de los derechos de las personas dañan a toda nuestra sociedad, y menoscaban la confianza y la estabilidad que se requiere para continuar avanzando hacia el desarrollo", señaló, expresando su "solidaridad con las empresas afectadas, así como con los trabajadores y sus familias, cuya fuente de trabajo ha sido perjudicada".