Portugal revisa los recortes ante la escalada del malestar social
El Gobierno de Passos Coelho retira la masiva bajada de salarios y estudia medidas alternativas para cumplir con las exigencias de los acreedores.
La pacífica pero aplastantemente multitudinaria protesta callejera (ayudada por una creciente presión mediática y una larvada crisis política) ha conseguido en Portugal que el Gobierno afloje, de momento, la tenaza de la austeridad.
El primer ministro portugués, el conservador Pedro Passos Coelho, tras una reunión con representantes de los sindicatos y las asociaciones patronales, anunció ayer que retira la polémica –y masivamente criticada- subida de cotizaciones de la Seguridad Social para todos los trabajadores, lo que en la práctica significaba una bajada general de sueldos de un 7%.
El primer ministro también adelantó que los pensionistas y funcionarios que ganan más de 1.100 euros, a los que el Gobierno retiró hace un año las pagas extras, volverán a contar con una de ellas. A cambio, y para compensar el agujero de 2.000 millones de euros que esta devolución deja en las tambaleantes y exprimidas arcas del Tesoro portugués, Passos Coelho advierte de que va a subir el Impuesto de la Renta para todos los trabajadores y, además, gravar más las transacciones de capital y las tasas sobre el Patrimonio.
Han hecho falta varias circunstancias para que Passos Coelho, hasta ahora descrito por muchos como el alumno ejemplar de la troika hasta considerarle como más troikista que la misma troika, levantara el pie: en primer lugar, una sentencia del Tribunal Constitucional que, en julio de este año, declaraba ilegal la retirada de las pagas extras a los funcionarios y pensionistas por considerar que la medida era discriminatoria. Passos Coelho prometió una medida alternativa (y equitativa) para no perder ni un punto en el impulso del déficit y hace 15 días, el siete de septiembre, comparecía en televisión para anunciarla. Ciertamente, equiparaba a todos.
Pero en el recorte: los funcionarios y pensionistas se enteraron entonces de que sus pagas extras no regresarían y el resto de los trabajadores supieron que perderían un 7% de su salario a partir de enero. A cambio, las empresas cotizarían menos, para, según el Gobierno, detener la escalada del paro.
