Cierre parcial de una siderurgia por sus vertidos tóxicos divide a Italia
"El paro también mata", dicen los trabajadores que defienden sus puestos en una planta que emplea a 12.000 personas. Pero sus emisiones están vinculadas con unos 11.000 muertos en los últimos siete años.
Ilva, el grupo siderúrgico más grande de Europa, domina la bahía de una sureña ciudad italiana, Tarento. Produce 28.000 toneladas de acero cada año mientras vierte en el cielo y en la tierra toneladas de sustancias tóxicas. Es el precio de sus miles de empleos y lo que la puso en el centro de un áspero enfrentamiento entre magistrados, políticos y trabajadores, que podría llevar la fábrica al cierre.
Una parte de la planta está clausurada, ocho directivos están acusados de intoxicar la zona, pero los empleados defienden la instalación y temen perder sus puestos de trabajo. Ilva resume algunos de los peores aspectos de Italia: un entramado de corrupción, silencios y favores que permitieron a las chimeneas escupir veneno.
Ilva, propiedad de la familia Riva desde 1995 (antes era propiedad del Estado), emplea a 12.000 trabajadores de manera directa, genera empleos indirectos para otras 8.000 personas y produce el 90% del acero de origen italiano. Pero de sus máquinas también sale veneno: sustancias cancerígenas como la dioxina y el benzopireno. En Tamburi, un barrio pegado a la planta y que acoge a unas 17.000 personas, los niños tienen prohibido jugar en las zonas verdes y respiran un aire tan contaminado que es “como si fumaran 1.000 cigarrillos cada año”, según advierte un estudio químico citado por Alessandro Marescotti, presidente de Peacelink, que destapó el escándalo hace tiempo.
A lo largo de los años se acumulron las denuncias de ciudadanos, periodistas y organizaciones no gubernamentales. Las emisiones contaminantes de la siderúrgica están vinculadas con unos 11.000 muertos en los últimos siete años, según un estudio realizado por orden de la fiscalía de Tarento. Son muertes relacionadas, sobre todo, con enfermedades cardiovasculares y respiratorias. Pero las chimeneas siguieron trabajando, casi sin estorbos. Hasta ahora.
El “desastre” causado por Ilva, según la sentencia, “fue determinado por una constante y repetida actividad contaminante realizada con conciencia y voluntad, por deliberada elección de los propietarios y los directivos”. Los dueños deben ahora limpiar el área y actualizar las tecnologías si quieren seguir trabajando. Pero el centro de la cuestión reside en si durante el saneamiento hay que apagar los altos hornos.
“La empresa sobornaba a expertos para que edulcoraran los análisis o avisaran con antelación de los controles”, señaló el diario Il Corriere della Sera. “Escuchas y documentos demuestran cómo algunos directivos, sobre todo el jefe de comunicación, Girolamo Archinà, pasaron dinero a públicos oficiales”, aseguró. En este sentido, brotó una nueva rama de investigación, que salpica a 13 entre políticos y funcionarios por corrupción en actos judiciales y se mueve en paralelo a la primera, con ocho imputados.
La hipótesis de cierre de Ilva causó las protestas de miles de trabajadores, que temen por la pérdida de sus empleos. En las pancartas que llevaban en las diversas manifestaciones se podía leer: “El paro también mata”. “Lo único que queremos es trabajar. Por favor, queremos llevar dinero a casa, tenemos deudas e hipotecas”, resumía un obrero de la planta antes los micrófonos de la televisión.
