Repsol dio el primer paso para demandar a Argentina por YPF
La empresa comunicó a Cristina Fernández la existencia del conflicto. Se abrió un plazo de seis meses para negociar antes de acudir al tribunal.
Repsol dio el primer paso para demandar a Argentina por la nacionalización de la petrolera YPF. La compañía española notificó a la presidenta, Cristina Fernández, la declaración de existencia de controversia bajo el Tratado de Promoción y Protección de Inversiones, controversia que deberá dirimirse en un arbitraje internacional ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), organismo con sede en Washington dependiente del Banco Mundial.
Según la empresa española, la expropiación de YPF implica una violación de los compromisos asumidos por Argentina bajo el Acuerdo para la Promoción y la Protección Recíproca de Inversiones entre España y Argentina.
Los Tratados de Promoción y Protección de Inversiones (APPRIs) son tratados bilaterales de naturaleza recíproca que contienen medidas y cláusulas destinadas a proteger, en el plano del derecho internacional, las inversiones realizadas por los inversores de cada Estado-Parte en el territorio del otro Estado-Parte. Su objetivo es proporcionar un ambiente estable y favorable a la inversión que permita reducir los factores de incertidumbre política y jurídica que a veces afectan al desarrollo de los proyectos de inversión a los que se suele enfrentar la empresa en el exterior. Son suscritos principalmente con países no miembros de la OCDE.
En ellos los Estados asumen internacionalmente ciertos compromisos de trato a las inversiones procedentes del otro Estado y permiten en caso de discrepancias o controversias dirimirlas en un foro más neutral que la de los tribunales del propio Estado que adopta las medidas que afectan negativamente a esas inversiones extranjeras.
Con la notificación, Repsol anuncia formalmente el comienzo inmediato de acciones legales bajo el Derecho Internacional para que se declaren ilícitos y se condene a Argentina a la reintegración o a la reparación integral de los daños y perjuicios que hayan podido ocasionar.
Según la compañía española, la expropiación de las inversiones de Repsol es ilícita y no fue acompañada de ninguna de las garantías exigidas por el citado Tratado, ni siquiera de la que contempla el pago de una indemnización adecuada y sin demora a cualquier medida expropiatoria.
Repsol argumenta que Argentina violó la obligación de garantizar un “tratamiento justo y equitativo” a las inversiones de (a lo que obliga el artículo IV.1 del Tratado), puesto que las medidas adoptadas alteraron por completo el marco jurídico y económico de la inversión de Repsol en YPF, y de Repsol y Repsol Butano en Repsol YPF Gas.
