UAF y Fiscalía lograron alza en detección y condenas por lavado de dinero
La directora de la Unidad de Análisis Financiero, Tamara Agnic, aseguró que "no existe ningún sector inmune" y que se duplicó la recepción de informes con sospechas de operaciones de blanqueo.
Una histórica alza en la detección de operaciones sospechosas de lavado de activos y en el número de sentencias condenatorias lograron la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y la Fiscalía durante 2011, según los resultados del informe estadístico sobre prevención y persecución penal. Según la directora de la UAF, Tamara Agnic, "no existe ningún sector inmune al lavado de dinero", junto con detallar que el año pasado el organismo duplicó la recepción de informes con sospechas de operaciones de blanqueo enviados por el sector privado.
Los reportes crecieron 116%, al totalizar 1.796, cifra que involucró un alza de más de 33 veces respecto de 2004, año en que comenzó a funcionar el sistema de prevención de lavado de activos que coordina en el país la entidad dirigida por Agnis. Tras aplicar procesos de inteligencia financiera, la UAF determinó que existían señales de delito en 146 de los reportes recibidos (25% más que en 2010), los que fueron remitidos a la Fiscalía. El 92% de los reportes con indicios de blanqueo se originaron en alertas del sector bancario, de las empresas de transferencia de dinero y de las casas de cambio.
En el mismo periodo y tras la aplicación de un intensivo plan de fiscalización, la UAF elevó en 21% el número de entidades inscritas en el registro del organismo. Éstas totalizaron 4.116 empresas y personas, pertenecientes a 34 sectores económicos obligados por ley a reportar a la UAF, incluyendo a la banca, las AFP, corredoras de bolsa, bolsas de valores y de productos, casinos de juego notarios, corredores de propiedades, agentes de aduanas y usuarios de zonas francas, entre otros. En 2011 la UAF inició 318 procesos sancionatorios administrativos por incumplimiento de la normativa antilavado de dinero, cifra 28% superior a la de 2010. Del total, alrededor del 60% corresponde a empresas usuarias de zonas francas y a corredores de propiedades, los que arriesgan multas de hasta 5 mil UTM.
