Las agencias de calificación podrán ser denunciadas por engaños
La portavoz del comisario de mercado interior y servicios de la CE, Michel Barnier, descartó que la propuesta incluya la creación de una agencia de calificación europea, posibilidad que se barajó al principio de la crisis de la deuda soberana.
Los inversores que se sientan engañados por los informes de las agencias de calificación podrán denunciarlas ante los tribunales y pedir indemnizaciones, según adelantó la Comisión Europea. El Ejecutivo de Bruselas aprovechó el incidente del pasado jueves, en el que la agencia Standard & Poor’s (S&P) anunció por error que quitaba la máxima calificación a la deuda francesa, para defender su propuesta. Según Michel Barnier, comisario de Mercado Interior y Servicios, "el error demuestra la necesidad de una regulación fuerte".
El nuevo reglamento, que se concretará el martes, también incluye otras normas para fomentar la competencia en el sector y asegurar su imparcialidad, evitando conflictos de intereses. A su vez, la Comisión también detallará las medidas para limitar la calificación de la deuda de países rescatados, que Barnier ya avanzó el 20 de octubre. La nueva normativa europea pretende armonizar las legislaciones de los Estados miembros para asegurar que los errores o los conflictos de intereses en que caigan las agencias de calificación podrán ser castigados. Fuentes comunitarias señalan que esa legislación ya existe en varios Estados pero nunca se ha aplicado de forma efectiva.
Las agencias, que no se han pronunciado, amenazaron en marzo con dejar de calificar a los países con mayor riesgo en su deuda soberana si Barnier seguía adelante con la idea de exigir responsabilidad por sus rebajas erróneas en la calificación de la deuda soberana. Fuentes de la industria recordaron a la Comisión que una "huelga de calificaciones" ahuyentaría a los inversores de esos países, encareciendo su financiación. La portavoz del comisario descartó que la propuesta incluya la creación de una agencia de calificación europea, posibilidad que se barajó al principio de la crisis de la deuda soberana. La Comisión prefiere regular el mercado para garantizar mayor competencia, repartiendo el poder que tres agencias de calificación (S&P, Moody’s y Fitch) acumularon en el tiempo.