Europa investiga posible pacto de precios de libros electrónicos
Editores franceses apuntan a Amazon como instigador de las inspecciones lanzadas ayer por la Comisión Europea.
Agentes de la Comisión Europea (CE) inspeccionaron ayer las dependencias y aparatos electrónicos de directivos de las editoriales francesas Hachette, Flammarion, Gallimard y Albin Michel en busca de pruebas de un supuesto acuerdo para pactar los precios de las ediciones electrónicas de los títulos que ofrecen estas compañías. El detalle de estos hechos, difundidos por el portal
, no fue corroborado por fuentes de la CE, pero la portavoz de Competencia, Amelia Torres, sí declaró que se han llevado a cabo inspecciones "en varios países de la UE".
"No damos nombres de las editoriales ni de los países porque estamos solo en el arranque de la investigación. No acusamos a nadie y todavía no tenemos ninguna prueba", dijo Amelia Torres, portavoz de la cartera. "La Comisión dispone de elementos que le permiten sospechar que las empresas concernidas han podido haber infringido las reglas de la Unión que prohíben las prácticas contra la competencia", anunció la CE en un comunicado.
Francis Esménard, presidente de la editorial Albin Michel, declaró que la operación está "teledirigida" por Amazon, el gigante estadounidense de la venta de productos culturales por Internet. Esménard asegura que Amazon Francia tiene su sede en Luxemburgo "para no pagar IVA" y que les gustaría vender los libros "a cualquier precio, como hacen en EE UU, donde ofrecen títulos superventas a 9,90 dólares".
Esménard relató a 01net.com que 10 inspectores de Competencia desembarcaron "como vaqueros" pidiendo revisar ordenadores portátiles, teléfonos móviles y tabletas de nueve miembros de la dirección y de sus ayudantes. El editor puso una sala de reuniones a disposición de los inspectores. A las 16.20 horas solo los aparatos de tres de los nueve inspeccionados habían sido devueltos a sus usuarios habituales.
En Francia se debate una legislación que permitiría a los editores imponer sus tarifas en formato digital, incluyendo a las webs que, aunque operen en el extranjero, comercialicen obras en ese país. Dicha normativa no sería compatible con las leyes de la UE sobre competencia.