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Acusa trato desigual: Verónica Sabaj lleva su remoción del Poder Judicial ante la Corte Interamericana de DD.HH.

La exministra de la Corte de Apelaciones de Santiago acudió a la CIDH para denunciar presuntas vulneraciones al debido proceso, cuestionar el uso de pruebas en el sumario administrativo y advertir diferencias en el trato recibido frente a otros jueces vinculados a Luis Hermosilla.

Poder Judicial

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La defensa de Verónica Sabaj puso en cuestión ante un organismo internacional los criterios utilizados por el Poder Judicial para apartarla de sus funciones.

La exministra de la Corte de Apelaciones de Santiago recurrió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde pidió revisar el procedimiento que terminó con su expulsión y determinar si el Estado de Chile vulneró garantías fundamentales.

El recurso, patrocinado por el abogado Leonardo Battaglia, sostiene que la remoción de la exjueza no habría respetado estándares de debido proceso, imparcialidad, legalidad e igualdad ante la ley. Entre sus principales cuestionamientos apunta a la causal constitucional utilizada para destituirla, el origen de los antecedentes considerados en el sumario y las diferencias con el tratamiento recibido por otros magistrados vinculados al abogado Luis Hermosilla.

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Uno de los puntos centrales de la presentación es la aplicación del artículo 80 de la Constitución, que establece que los jueces se mantienen en sus cargos mientras tengan un “buen comportamiento”. Para Battaglia, esa disposición es “demasiado indeterminada” como fundamento para una sanción que implica perder definitivamente el cargo, debido a que no establecería con suficiente precisión qué conductas pueden justificar esa medida.

La defensa plantea que utilizar esa causal en el caso de Sabaj vulneró el principio de legalidad. También cuestiona que durante el procedimiento disciplinario se incorporaran conversaciones de WhatsApp extraídas del teléfono de Hermosilla, las que, según sostiene, habrían sido obtenidas sin autorización por la fiscal judicial a cargo del sumario administrativo, quien no participaba en la investigación penal.

Otro argumento apunta a una presunta diferencia de criterios frente a otros integrantes del Poder Judicial que mantuvieron comunicaciones con Hermosilla relacionadas con nombramientos judiciales o intervenciones en causas. El escrito compara la situación de Sabaj con la de los ministros de la Corte Suprema Manuel Antonio Valderrama y Jean Pierre Matus, además del exministro Mario Carroza.

Según la presentación, mientras Sabaj fue suspendida y enfrentó desde el comienzo un procedimiento orientado a su remoción, en los otros casos se habrían aplicado vías disciplinarias diferentes, investigaciones de mayor duración o sanciones menos gravosas.

La defensa sostiene que este tipo de procedimientos debe regirse por normas claras y decisiones proporcionales, especialmente cuando pueden significar el término definitivo de la carrera de un magistrado. Por eso, solicitó a la CIDH examinar si las actuaciones de las autoridades chilenas comprometieron la responsabilidad internacional del Estado.

Cristóbal Álvarez

Periodista de Radio ADN. Redactor web con foco en actualidad, política y policial. Ha colaborado con...

 

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