Sin orden judicial: investigación revela que ministros Rabat y Larraín rebajaron condenas a 22 agentes de la dictadura
Una investigación de Reportea identificó beneficios concedidos durante los gobiernos de Sebastián Piñera y José Antonio Kast, sin que existieran sentencias judiciales que obligaran a otorgarlos.
AGENCIA UNO
La controversia por las rebajas de condenas concedidas por el Ministerio de Justicia continúa. Mientras el titular de la cartera, Fernando Rabat, enfrenta una acusación constitucional impulsada por la oposición, que cuestiona su actuación frente a solicitudes de beneficios carcelarios para condenados por delitos sexuales contra menores y crímenes de lesa humanidad, una nueva investigación sumó antecedentes al caso.
El escenario se desarrolla luego de que parlamentarios opositores ingresaran, el pasado jueves 12 de noviembre, un libelo que cuestiona el cambio de criterio del ministerio en la entrega de estos beneficios y la presunta entrega de información incompleta al Congreso.
Agencia Uno
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En este contexto, una investigación de Reportea reveló que los ministerios de Justicia encabezados por Rabat y el exministro Hernán Larraín autorizaron rebajas de condenas a 22 agentes de la dictadura, sin que existieran sentencias judiciales que obligaran a concederlas.
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Según el reportaje, durante el gobierno de Sebastián Piñera se aprobaron al menos 19 reducciones de penas entre 2020 y 2021, incluyendo a cinco exfuncionarios de la PDI condenados por la tortura y muerte de Claudio Pino Cortés.
En tanto, bajo la administración de José Antonio Kast, la cartera dirigida por Rabat concedió otros tres beneficios, favoreciendo al exagente de la CNI César Acuña Luengo, al excarabinero Miguel Arias Navarrete y al exintegrante de la Fuerza Aérea Manuel Cabezas Pérez.
Diferencias con la Corte Suprema
La investigación también expuso diferencias entre estas decisiones y los criterios del máximo tribunal.
De acuerdo con Reportea, entre 2022 y 2026 la Corte Suprema rechazó 20 solicitudes de rebaja y acogió cuatro, considerando exigencias del Estatuto de Roma, como el arrepentimiento y la colaboración con las investigaciones.
Por su parte, Rabat defendió anteriormente su actuación en T13 Radio, argumentando que “se aplica la ley”.
La acusación constitucional comenzará su tramitación este lunes 16 de noviembre, mientras la oposición busca sumar respaldos para su aprobación.
