Revelan que ministro Rabat firmó rebaja de condena a homicida después de anunciar la suspensión del beneficio
Según el documento publicado también lleva la firma de la nueva subsecretaria de la cartera, Josefina Soto.
Ministro de justicia Fernando Rabat / Oscar Guerra
La polémica por las rebajas de condenas concedidas durante la gestión del ministro de Justicia, Fernando Rabat, sumó un nuevo antecedente.
Una investigación de BioBioChile reveló que el secretario de Estado firmó un decreto para reducir en diez meses la pena de un hombre condenado por el homicidio de un adulto mayor en la región de Valparaíso.
Más información
Se trata de Peter Andrés Rojas Gallardo, de 40 años, quien recibió una sentencia de cinco años de cárcel por el asesinato de Jorge del Carmen Frez Olivares, de 83 años, ocurrido en agosto de 2022 en la comuna de Catemu.
Según los antecedentes del caso, la víctima le había ofrecido alojamiento en su vivienda. Sin embargo, fue atacada en su dormitorio, donde recibió golpes y posteriormente murió asfixiada con un cordón. El cuerpo fue encontrado por sus familiares después de varias semanas sin tener noticias de él.
El decreto, firmado el 5 de noviembre, redujo en diez meses la condena de Rojas y adelantó su fecha de cumplimiento desde agosto de 2027 hasta octubre de 2026. El documento también incluye la firma de Josefina Soto, quien asumió como subsecretaria de Justicia el 30 de octubre, en reemplazo de Luis Silva.
Fernando Rabat / Pablo Ovalle Isasmendi
Un nuevo flanco para el Ministerio de Justicia
El beneficio se concedió bajo la Ley 19.856, que permite reducir penas a personas privadas de libertad que acrediten un comportamiento sobresaliente. Desde el Ejecutivo señalaron que el ministerio está obligado a otorgarlo cuando se cumplen los requisitos legales, independiente de la gravedad del delito.
El caso se conoce después de que Rabat anunciara, el 23 de octubre, la suspensión de la tramitación de rebajas para condenados por delitos sexuales contra menores. Sin embargo, el decreto fue emitido posteriormente.
El 6 de noviembre, el subsecretario general de Gobierno, Gonzalo Arenas, anunció que el Ejecutivo respaldaría una iniciativa para derogar completamente la Ley 19.856. La controversia mantiene al ministro bajo presión política, con una acusación constitucional en preparación y una fiscalización de Contraloría.