Niños haitianos: comisión aprueba informe y diputada Pérez acusa “blindaje” a Luis Thayer
La comisión investigadora de la Cámara despachó su informe sobre el extravío de menores extranjeros, desatando duros cuestionamientos por la gestión migratoria.
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La comisión investigadora de la Cámara de Diputados, encargada de indagar la pérdida de trazabilidad de cientos de menores extranjeros, concluyó sus sesiones de forma dividida tras visar su documento final. El cierre de la instancia estuvo marcado por duros reproches legislativos, donde la diputada Joanna Pérez (Demócratas) denunció un operativo político para proteger al exdirector del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Eduardo Thayer.
El escándalo institucional estalló a mediados de año tras un reporte reservado de la Contraloría. El escrito reveló graves deficiencias del Estado en el seguimiento de niños que ingresaron a Chile bajo el concepto de reunificación familiar. Durante la fiscalización, el ente contralor detectó que las autoridades flexibilizaron los requisitos documentales mediante un memorándum interno, justificando la medida por el cierre del consulado chileno en Puerto Príncipe.
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Pese a que la resolución emanada por la comisión logró los votos necesarios para su despacho, su redacción generó inmediatas controversias en el hemiciclo. La parlamentaria Pérez apuntó directamente contra el oficialismo por atenuar las conclusiones finales y buscar evadir la responsabilidad administrativa de la exjefatura de gobierno. “Hubo un claro blindaje a Thayer”, aseveró enfáticamente la legisladora.
El avance del informe por los niños haitianos y la cuestionada gestión de Thayer
El exdirector del servicio estatal ya había enfrentado los cuestionamientos presenciales de la comisión meses atrás. En sus comparecencias, la otrora autoridad defendió su gestión apelando al interés superior del menor y a las facultades extraordinarias del Estatuto Administrativo. Según su postura central, la flexibilización de los trámites buscaba entregar certezas a familias inmersas en una total indefensión migratoria.
No obstante, las fallas de coordinación de los distintos aparatos del Estado terminaron por agravar la crisis. Instituciones fronterizas y de seguridad evidenciaron una nula comunicación entre sus bases de datos, lo que impidió rastrear el paradero de más de 200 menores en el territorio nacional. Esta desconexión obligó al Ministerio Público a abrir una indagatoria penal ante sospechas de una eventual red de trata de personas.
Con el término del trabajo legislativo de investigación, el texto aprobado pasará a la Sala de la corporación para su votación definitiva. De forma paralela, la totalidad de los antecedentes recopilados continuarán a disposición de la Fiscalía y los tribunales respectivos, organismos mandatados para esclarecer el paradero de los afectados y determinar posibles responsabilidades penales.