Ministro Rabat recibió tres advertencias por el costo político de rebajar condenas a agresores sexuales
Los avisos se produjeron entre febrero y mayo, pero el secretario de Estado no informó al Mandatario sobre las posibles consecuencias para el Ejecutivo.
Ministro Fernando Rabat / VICTOR HUENANTE
El ministro de Justicia, Fernando Rabat, habría recibido tres advertencias entre febrero y mayo sobre las consecuencias políticas de conceder rebajas de condena a personas condenadas por delitos sexuales. Sin embargo, mantuvo su criterio y no informó de estas alertas al Presidente José Antonio Kast.
La primera advertencia ocurrió el 2 de febrero, durante el traspaso de mando con el entonces ministro Jaime Gajardo, quien le explicó que su criterio era rechazar solicitudes en casos de abusos sexuales contra menores, según Teletrece.
Uno de los documentos revisados establecía que se debía considerar “la edad de la víctima” al analizar las solicitudes. La segunda alerta se produjo en abril, durante una reunión con sus equipos y asesores, donde se evaluaron alternativas jurídicas para enfrentar los recursos de amparo.
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Rabat habría insistido en su interpretación jurídica
En esa instancia, Rabat habría sido advertido de que debía “ponderar el aumento de los recursos versus el costo de conceder beneficios a agresores sexuales”, además de considerar las consecuencias en casos graves o de alta connotación.
El tercer aviso habría ocurrido en mayo, cuando un funcionario le advirtió sobre el impacto que la concesión de estos beneficios podía tener para el Gobierno. Pese a ello, Rabat habría insistido en su interpretación jurídica.
La controversia se enmarca en los 295 recursos de amparo presentados entre 2022 y 2026 por condenados por delitos sexuales que buscaban rebajas de condena. Según los antecedentes expuestos en el Ministerio, el 92,5% fue acogido por la justicia.
El Presidente “no estaba en conocimiento”
De acuerdo con el reportaje, Rabat no informó estas advertencias a Kast. El ministro afirmó el 22 de octubre que el Presidente “no estaba en conocimiento de esta situación porque esas son decisiones que las adopta el ministro de Justicia”.
El caso también abrió la posibilidad de una acusación constitucional contra Rabat. Según Teletrece, el Gobierno tendría que destinar cerca de $17 millones para financiar su defensa ante el Congreso.