Ministra habría pagado $300 mil mensuales a abogada para redactar sus fallos por casi 17 años
La letrada denunció que elaboraba proyectos de sentencias y realizaba otras labores para la magistrada; el conflicto terminó con un acuerdo por $17 millones.
Corte de Apelaciones de Valparaíso
La ministra de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Rosa Aguirre, llegó a un acuerdo por $17 millones con la abogada Damaris Silva, quien la demandó por una relación laboral informal que se extendió desde 2009 hasta mayo de 2026.
Según los antecedentes de la acción judicial, a los que accedió La Tercera, Silva habría trabajado directamente para la magistrada en la elaboración de proyectos de sentencias, además de realizar otras tareas personales.
“Mi función principal consistió durante años en el estudio jurídico de expedientes y antecedentes judiciales y en la elaboración material de proyectos de sentencias correspondientes a causas respecto de las cuales la demandada intervenía en su calidad de ministra de la Corte de Apelaciones de Valparaíso”, sostuvo la abogada en su demanda.
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Se trataba de “un tema sensible”
De acuerdo con su relato, Aguirre le entregaba instrucciones sobre el sentido que esperaba para las resoluciones, utilizando expresiones como “hay que rechazar”, “hay que acoger” o “hay que revocar”. Silva aseguró que estos intercambios constaban en correos electrónicos adjuntados a la acción judicial.
La abogada afirmó que en 2015 se estableció un pago mensual de $300 mil, transferido desde la cuenta personal de la ministra. Con el tiempo, sus labores también habrían incluido gestiones relacionadas con propiedades de Aguirre y la preparación de presentaciones para sus clases.
El conflicto se produjo en abril de 2026, cuando Silva solicitó aumentar su remuneración a $900 mil mensuales. Según la demanda, Aguirre respondió que se trataba de “un tema sensible” y prefirió abordar el asunto personalmente.
Ambas debían “terminar en buena”
La reunión se concretó el 9 de mayo de ese año y terminó con el fin de la relación laboral. Silva sostuvo que la magistrada vinculó el cierre del vínculo con la exigencia de que ambas debían “terminar en buena”, sin que ella hablara sobre el período en que trabajaron juntas.
Tras la presentación de una demanda de tutela laboral ante el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, ambas llegaron a un acuerdo el 14 de agosto. El documento estableció el pago de $17 millones por parte de Aguirre, el desistimiento de la acción judicial y una cláusula de confidencialidad.
Los antecedentes corresponden al relato de Silva en su demanda y a los términos del acuerdo extrajudicial. La información proporcionada no incluye una declaración directa de Aguirre sobre las acusaciones.