Ministerio de Justicia suspende tramitación de decretos de rebaja de condenas y anuncia medidas legislativas
El ministro Fernando Rabat anunció la suspensión de los decretos de rebaja de condenas y una serie de proyectos para restringir estos beneficios.
Fernando Rabat, ministro de Justicia y Derechos Humanos / Oscar Guerra
El Ministerio de Justicia informó este viernes la suspensión de la tramitación de los decretos de rebaja de condenas, junto con una serie de medidas legislativas destinadas a impedir que personas condenadas por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes continúen accediendo a estos beneficios.
La decisión fue comunicada por el ministro Fernando Rabat, luego de un “análisis de la normativa vigente”.
Según explicó la autoridad, este proceso permitió identificar un vacío legal relacionado con la aplicación de las restricciones para personas condenadas antes de 2022.
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Rabat afirmó que el Ejecutivo optó por suspender la tramitación mientras impulsa cambios legales en el Congreso. “Lo que haremos ahora es abordar este problema, promoviendo y dando urgencia a una serie de proyectos de ley para impedir que se sigan otorgando estos beneficios a personas condenadas antes del año 2022”, sostuvo.
El secretario de Estado agregó que “mientras tanto, vamos a dejar suspendida la tramitación de estos decretos, porque con la discusión inmediata de las iniciativas podremos zanjar esta situación en un breve tiempo y darle tranquilidad a la ciudadanía”.
Entre las iniciativas anunciadas se encuentra un proyecto para modificar el procedimiento mediante el cual se obtiene el beneficio de reducción de condena por conducta intachable, además de establecer nuevas causales de exclusión y una regla de temporalidad que determine qué requisitos deben cumplir los postulantes.
A esto se suma el impulso al proyecto que crea los Tribunales de Ejecución de Penas, iniciativa parlamentaria que actualmente se encuentra en segundo trámite constitucional en el Senado, y que contempla que las solicitudes de reducción de condena, libertad condicional y otros beneficios penitenciarios sean conocidas y resueltas por jueces, reemplazando el actual sistema basado en comisiones especiales.