Crisis por remoción de Pedro Araya abre disputa por el poder de los comités y los acuerdos del Senado

La remoción de Pedro Araya de la presidencia de la Comisión de Constitución del Senado escaló más allá de una disputa por la conducción de una instancia legislativa, abriendo un conflicto sobre el cumplimiento de los acuerdos administrativos de la Cámara Alta, la autonomía de los parlamentarios para negociar con el Gobierno y el poder que tendrán los comités sobre sus integrantes.

Araya fue reemplazado por el senador liberal Vlado Mirosevic, luego de semanas de diferencias al interior del Socialismo Democrático por sus acercamientos con la administración de José Antonio Kast, particularmente en materia de seguridad. El senador había participado junto a parlamentarios oficialistas en la elaboración de una propuesta de reforma constitucional para fortalecer las herramientas del Estado frente al crimen organizado.

La decisión provocó cuestionamientos desde el propio PPD, cuya directiva nacional rechazó la remoción y llamó a resolver las diferencias mediante el diálogo. El partido, sin embargo, reconoció que la facultad de reemplazar a un integrante de una comisión corresponde al comité parlamentario respectivo.

El senador del PPD cuestionó que su salida respondiera a sus gestiones para alcanzar acuerdos en seguridad y emplazó al jefe del comité del Socialismo Democrático, Juan Luis Castro, a explicar los motivos de la decisión.

“Yo sigo insistiendo, aquí a mí se me está sacando de una comisión básicamente por construir acuerdos en temas que le interesan a los chilenos, como es la seguridad pública”, sostuvo Araya.

El nuevo presidente de la comisión es Vlado Mirosevic (PL), quien defendió el cambio como una recuperación de la mayoría opositora en la instancia. Aseguró que buscará acuerdos con el Ejecutivo, pero desde las posiciones de su sector.

“La voz que yo voy a representar en esta comisión no va a ser solo la mía individual o personal; va a ser también la del sentir de una parte de la oposición”, afirmó.

El acuerdo administrativo, en el centro de la disputa

El “caso Araya” abre pone en aprietos el pacto de gobernabilidad suscrito en marzo, que distribuyó las responsabilidades de la mesa y las comisiones legislativas para el período 2026-2030.

Desde el Socialismo Democrático, el senador Juan Luis Castro (PS) descartó que la remoción altere ese entendimiento. Según explicó, el cambio se realizó dentro del comité y no modifica la correlación de fuerzas acordada entre los sectores políticos.

“En absoluto. Está totalmente intacto el acuerdo administrativo, ya que el movimiento que ha hecho el Comité Socialista Democrático es dentro de su propia bancada”, señaló.

La interpretación es distinta para Andrés Longton (RN), quien dijo que el documento suscrito por los jefes de comité identificaba expresamente a Araya para presidir la Comisión de Constitución durante el primer año, por lo que su reemplazo constituiría un incumplimiento del compromiso original.

“Yo, por lo menos, voy notificado de que el acuerdo que se suscribió por la mesa y las comisiones ya no está vigente”, advirtió.

Longton planteó, además, que junto a Araya podrían reunir hasta 27 votos para construir una nueva mayoría en el Senado, con capacidad para disputar la conducción de la mesa y las presidencias de las comisiones.

La controversia tiene una consecuencia política concreta: el Partido Socialista espera asumir la presidencia del Senado en marzo de 2027, como parte de la distribución acordada. Aunque Castro insiste en que ese compromiso permanece intacto, la disputa abrió interrogantes sobre los apoyos que necesitará el sector para materializarlo.

La reforma al sistema político reabre el debate sobre el poder de los comités

El conflicto también llegó al debate sobre la reforma al sistema político, que contempla nuevas atribuciones para los comités parlamentarios y sus jefaturas. La discusión puso sobre la mesa hasta dónde debe llegar la capacidad de los partidos para ordenar a sus representantes y qué margen de autonomía deben conservar los legisladores.

Durante el debate en el Senado, el senador Francisco Huenchumilla (DC) advirtió sobre las consecuencias que, a su juicio, tendrá el fortalecimiento de estas estructuras. El senador recordó que las nuevas disposiciones entrarían en vigor el 11 de marzo de 2027 y cuestionó que se aumenten las facultades de los comités mientras algunos parlamentarios critican decisiones adoptadas por esas mismas instancias.

“Esos comités y jefes de comités van a ser verdaderos dictadores internamente acá”, sostuvo Huenchumilla, quien llamó a sus pares a considerar las implicancias de las normas que aprobaron.

La advertencia fue rechazada por Arturo Squella, presidente del Partido Republicano, quien sostuvo que las nuevas facultades de los comités se ejercerán de acuerdo con las reglas que sus propios integrantes acuerden.

Acuerdos con cupos vs acuerdos con nombres

En su respuesta a Huenchumilla, Squella profundizó en cómo se negociaron los acuerdos administrativos y reconoció que la identidad de quienes encabezarían determinadas comisiones fue relevante para el oficialismo. Como ejemplo, mencionó al senador comunista Daniel Núñez y sostuvo que, si se hubiese propuesto su nombre para presidir la Comisión de Constitución durante el primer año, su sector probablemente habría manifestado su desacuerdo, debido a las diferencias políticas que mantienen con él.

Squella argumentó que, en cambio, Araya les ofrecía mayores garantías por su disposición a dialogar y alcanzar acuerdos más allá de las diferencias partidarias. A su juicio, esa capacidad de negociación fue precisamente lo que permitió avanzar en el entendimiento original.

Sus palabras provocaron la reacción de la senadora comunista Claudia Pascual, quien cuestionó que la distribución de las comisiones se negociara considerando nombres específicos para ciertos cargos, mientras otros parlamentarios no habrían tenido la misma posibilidad de incidir en el reparto.

“Me queda claro que aquí sí hay senadores que tienen que ir con nombre y apellido para poder darle la confianza, en este caso al oficialismo, y otros que pueden solo defender el cupo, sin nombre”, sostuvo Pascual.

La senadora agregó que, a su juicio, al menos once integrantes de la oposición no tendrían la representación proporcional que les correspondería en las comisiones. De esta manera, la discusión dejó de centrarse únicamente en las facultades de los comités y pasó también a la forma en que se negocian los espacios de poder y se define quiénes pueden ocuparlos.

Una disputa que pone a prueba los acuerdos del Senado

Los acuerdos administrativos son entendimientos políticos mediante los cuales las bancadas distribuyen responsabilidades como la presidencia de la corporación y la conducción de las comisiones durante un período legislativo. No equivalen a pactos para aprobar cada proyecto de ley, pero contribuyen a ordenar el funcionamiento interno del Congreso y a establecer compromisos de alternancia.

En este caso, la controversia enfrenta dos interpretaciones. Por un lado, Castro sostiene que el reemplazo de Araya es una decisión interna del comité que no altera el acuerdo general. Por otro, Longton y el propio Araya consideran que la identificación nominal del senador en el documento suscrito obliga a revisar el pacto tras su salida.

La reforma al sistema político agrega una dimensión institucional a la disputa: el fortalecimiento de los comités busca ordenar la actividad parlamentaria, pero también plantea preguntas sobre la disciplina interna, la negociación entre partidos y la autonomía individual de los legisladores.

Por ahora, no existe una ruptura formal del acuerdo administrativo ni una nueva mayoría constituida en el Senado. Sin embargo, Araya anunció que evaluará los pasos a seguir y sectores del oficialismo ya plantean la posibilidad de renegociar los compromisos vigentes.

La incógnita es si el conflicto quedará circunscrito a la Comisión de Constitución o si terminará afectando la elección de la próxima mesa del Senado y la distribución de poder para los años siguientes.