Superintendencia de Pensiones abre proceso sancionatorio contra siete AFP por pérdidas de los Fondos D y E
La autoridad busca determinar la responsabilidad de las administradoras en las caídas financieras, apuntando a posibles incumplimientos legales.
Agencia Uno
La Superintendencia de Pensiones (SP) anunció el inicio formal de un procedimiento sancionatorio en contra de las siete administradoras de fondos de pensiones que operan actualmente en el país. La medida busca esclarecer la responsabilidad de las entidades frente a las recientes pérdidas de valor que han afectado específicamente a los Fondos de Pensiones Tipo D y E.
Esta decisión se adoptó tras concluir una extensa serie de acciones de fiscalización dirigidas a las AFP. El objetivo central del organismo regulador es determinar si las decisiones de inversión ejecutadas por las compañías influyeron directamente en las caídas de rentabilidad que impactaron de manera negativa los ahorros previsionales de los afiliados.
La indagatoria se centrará en verificar si el actuar de las empresas constituyó un incumplimiento de sus obligaciones legales básicas. El proceso revisará a fondo si se vulneró el deber de lealtad y diligencia, estipulado en el artículo 147 del Decreto Ley N° 3.500 y respaldado en la Norma de Carácter General N° 340.
Deberes fiduciarios en la mira: la exigencia de la ley a las AFP
La legislación vigente es estricta al establecer que las administradoras deben realizar absolutamente todas las gestiones necesarias para cautelar la adecuada rentabilidad y seguridad del dinero. El texto legal detalla que las instituciones “atenderán exclusivamente al interés de los Fondos y asegurarán que todas las operaciones de adquisición y enajenación de títulos con recursos de los mismos, se realicen con dicho objetivo”.
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En esta misma línea de protección al cotizante, la Norma de Carácter General N° 340 unificó la regulación preexistente sobre los denominados deberes fiduciarios. Esta normativa define explícitamente las obligaciones de cuidado y destreza que recaen ineludiblemente sobre todas las personas o entidades que administran o cautelan intereses ajenos dentro del sistema.
Las directrices obligan a las administradoras a resguardar de forma celosa los ahorros y a mantener protocolos estrictos para detectar y evitar cualquier conflicto de interés. La investigación de la autoridad deberá concluir si estos estándares esenciales de diligencia fueron aplicados durante las operaciones financieras cuestionadas.
El desarrollo de este procedimiento sancionatorio marcará un hito respecto a las exigencias operativas que el Estado impone a los actores del mercado previsional. Los resultados de la investigación oficial determinarán el grado de responsabilidad de cada entidad en la gestión de los fondos más conservadores del sistema.