Nacional

Gobierno no alcanzó a ingresar indicaciones para proyecto que regula apuestas online en Chile

Según fuentes de La Moneda, discrepancias entre la Segpres y otros ministerios habrían impedido presentar las propuestas dentro del plazo original.

Casas de apuestas

El Gobierno no presentó dentro del plazo original sus indicaciones al proyecto que regula las casas de apuestas en línea, que se encuentra en su segundo trámite en el Senado. En contraste, la presidenta de la Cámara Alta, Paulina Núñez (RN), ingresó una propuesta para prohibirlas.

El plazo vencía este viernes al mediodía, pero los comités del Senado acordaron extenderlo hasta el lunes 26 de octubre a las 12:00 horas.

Según fuentes de La Moneda, la demora se debió a diferencias entre la Segpres y los ministerios de Hacienda, Economía, Justicia y Salud por la redacción de las indicaciones.

Más información

“Se ha estimado necesario tener un plazo adicional”

Desde la cartera encabezada por José García Ruminot (RN) descartaron esa versión y señalaron que buscan alcanzar acuerdos. “Este es un proyecto de larga tramitación, cuyo avance requiere revisar diversas materias y construir acuerdos amplios”, indicaron desde la Segpres.

Por su parte el biministro Claudio Alvarado también defendió la necesidad de ampliar el plazo para consensuar las propuestas. “Se han efectuado diversas reuniones y dentro de esa comunicación, de ese diálogo, de buscar consenso en las indicaciones, se ha estimado necesario tener un plazo adicional”, sostuvo.

Por su parte, Núñez presentó una indicación que busca eliminar las casas de apuestas en línea.

“No son un negocio inocente”

La propuesta contempla penas de hasta 15 años de cárcel, bloqueo judicial permanente de plataformas ilegales y sanciones agravadas cuando participen organizaciones criminales.

“Las casas de apuestas en línea no son un negocio inocente. Pueden generar adicción, endeudamiento y consecuencias devastadoras para las familias”, afirmó la senadora.

Además, cuestionó que el Estado obtenga ingresos tributarios de esta actividad sin considerar sus consecuencias. “El Estado no puede transformarse en socio tributario de un problema que tiene el deber de prevenir”, concluyó.