A siete años estallido social: solo el 1,3% de las causas por violencia policial contra menores terminó en condena
Un informe de la Defensoría de la Niñez advierte graves falencias procedimentales en terreno, alertando que las investigaciones por apremios a menores iniciadas en 2019 se cierran masivamente sin sanciones.
Agencia Uno
A siete años del inicio del estallido social, la Defensoría de la Niñez emitió una alerta respecto a la deficiente protección estatal hacia los menores de edad. Según el último informe de seguimiento del organismo, un total de 525 niños, niñas y adolescentes fueron registrados como víctimas de presuntos delitos de violencia institucional entre enero y septiembre de 2026.
Esta alarmante cifra documental, procesada a partir de los registros oficiales del Ministerio Público, equivale al 97% de la totalidad de los casos contabilizados durante todo el año 2025. Estos antecedentes integran un documento de evaluación analítica centrado en el cumplimiento de las garantías de no repetición exigidas a las policías de Chile tras la crisis de derechos humanos.
El análisis del ente autónomo expuso además las amplias brechas vigentes en el acceso a la justicia. De las 1.885 causas judiciales iniciadas por vulneraciones ocurridas durante las manifestaciones de 2019, apenas 28 finalizaron con una sentencia condenatoria, lo que representa un escaso 1,3% de los procesos ya concluidos. En contraste, 1.061 investigaciones se cerraron por archivo provisional y otras 434 terminaron bajo la decisión fiscal de no perseverar.
Desafíos policiales y prevención de la violencia institucional
La labor de observación en terreno desarrollada durante las recientes movilizaciones estudiantiles evidenció serias fallas procedimentales. La entidad detectó múltiples deficiencias en la justificación legal de los controles de identidad investigativos, además de recibir reiteradas denuncias por uso excesivo de la fuerza y constatar retenciones prolongadas derivadas de la lentitud en las instrucciones de los fiscales.
Más información
El máximo representante de la institución, Anuar Quesille, cuestionó la efectividad de las medidas correctivas adoptadas por el aparato estatal a lo largo de estos años. “Las garantías de no repetición no consisten solamente en dictar nuevas leyes o actualizar protocolos. Debemos asegurarnos de que, en la práctica, las instituciones actúen respetando los derechos”, afirmó categóricamente la autoridad técnica.
Pese a los duros reparos operativos a nivel general, el documento destacó positivamente los procedimientos de contención y prevención ejecutados en la 48° Comisaría de Asuntos de la Familia e Infancia. El objetivo institucional prioritario radica ahora en lograr replicar este estándar específico de resguardo al resto de las unidades territoriales del país.
Finalmente, las recomendaciones del estudio apuntan a fiscalizar rigurosamente la correcta aplicación de las Reglas del Uso de la Fuerza recientemente visadas por el Congreso Nacional. El organismo solicitó especial precaución y restricción en la utilización de armamento potencialmente letal, exigiendo además la implementación de mecanismos permanentes y transparentes de rendición de cuentas operativos.