Fiscal Nacional alerta por controles de Dipres en el Presupuesto y sobrecarga de causas
Ángel Valencia advirtió que las nuevas exigencias de control presupuestario planteadas por el Ejecutivo podrían afectar la autonomía constitucional del Ministerio Público.
VICTOR HUENANTE
Durante la discusión de la Partida 23 del proyecto de Ley de Presupuestos 2027, el Ministerio Público expuso ante la Tercera Subcomisión Mixta de Presupuestos sus principales reparos a la propuesta del Ejecutivo.
La presentación estuvo marcada por dos advertencias del Fiscal Nacional, Ángel Valencia: una relacionada con las restricciones y controles que la Dirección de Presupuestos busca imponer sobre la ejecución de los recursos de la Fiscalía y otra vinculada al creciente número de causas que enfrenta el sistema penal.
Los controles de Dipres y el riesgo para la autonomía
Uno de los principales puntos de conflicto es la estructura presupuestaria propuesta para 2027 y las exigencias de control que contempla la Dipres.
La directora de Presupuesto y Finanzas del Ministerio Público, Mónica Naranjo, recordó que durante 2026 la Contraloría General de la República representó el decreto que buscaba crear el Programa 02 de la Fiscalía Supraterritorial, al considerar que la fragmentación de la Partida presupuestaria podía obligar a la Fiscalía a solicitar autorizaciones previas a Dipres para realizar reasignaciones internas.
Según se explicó, esto afecta la autonomía de gestión del Ministerio Público. Pese a ese antecedente, el Ejecutivo volvió a incorporar una estructura similar en el proyecto de Presupuesto 2027.
El segundo punto de preocupación respecto de Dipres está relacionado con el Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH). La propuesta del Gobierno establece controles sobre la utilización de los recursos transferidos al programa, incluyendo la visación directa respecto del desglose de gastos y la entrega de informes periódicos.
Para Valencia, entregar información detallada sobre determinados gastos podría permitir conocer antecedentes relacionados con investigaciones que tienen carácter reservado.
“La autonomía existe precisamente para evitar que cualquier Gobierno de turno pueda utilizar el control de fondos para presionar a la institución o interferir en la persecución de delitos” dijo el Fiscal Nacional, quien además planteó que, si se mantienen estas condiciones, la Fiscalía podría tener que reevaluar la continuidad del programa ECOH bajo ese esquema de financiamiento y control.
El argumento de la Fiscalía es que la autonomía constitucional del organismo no solo implica independencia para investigar y perseguir delitos, sino también contar con las herramientas presupuestarias necesarias para administrar sus recursos sin que decisiones operativas queden sujetas a autorizaciones del Ejecutivo.
Viáticos y gastos de emergencia: la preocupación por revelar investigaciones
Otro de los puntos planteados por el Fiscal Nacional dice relación con las restricciones y exigencias de justificación asociadas a viáticos y gastos de traslado, especialmente cuando se trata de desplazamientos de emergencia dentro o fuera del país.
Valencia sostuvo que estas exigencias no pueden analizarse únicamente desde una perspectiva administrativa o contable. En determinadas investigaciones, explicó, informar con anticipación o entregar detalles sobre quién viaja, hacia dónde, cuándo y por qué motivo podría permitir inferir diligencias investigativas que tienen carácter reservado.
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El problema, según la Fiscalía, se produce cuando la información necesaria para justificar un gasto debe ser entregada a organismos que no intervienen en la investigación penal, pero que, en virtud de las nuevas reglas presupuestarias, podrían requerir antecedentes para autorizar o controlar la ejecución de esos recursos.
La preocupación de la Fiscalía es que una obligación de este tipo pueda terminar generando una suerte de acceso indirecto a información protegida por el secreto de las investigaciones.
La institución sostiene que existen gastos cuya naturaleza sólo puede explicarse de manera genérica ante organismos externos, precisamente porque entregar mayores detalles podría comprometer una investigación en curso
El aumento de fiscales no alcanzará para descomprimir el sistema
Otro llamado de atención de Valencia apuntó directamente a la capacidad de respuesta del Ministerio Público frente al aumento de las denuncias.
Las proyecciones de la institución estiman que durante 2026 los ingresos de causas superarán por primera vez los 2 millones, con un incremento cercano al 7% respecto de 2025, con una carga promedio nacional de aproximadamente 2.542 causas por fiscal.
Y aunque la reciente Ley de Fortalecimiento del Ministerio Público contempla un aumento de la dotación de fiscales y la implementación de la Fiscalía Supraterritorial, Valencia puso paños fríos a las expectativas de que aquello produzca un alivio inmediato.
Según explicó, si todos los nuevos fiscales ingresaran simultáneamente, el promedio podría bajar hasta unas 1.960 causas por persecutor. Sin embargo, ese escenario no es posible debido a que la nueva dotación se implementará gradualmente durante un período de hasta cuatro años.
Por eso, el Fiscal Nacional planteó que el aumento de dotación no permitirá reducir la sobrecarga, sino solamente frenar la velocidad con que continúa aumentando.
Agencia UNO / Sebastian Beltran Gaete
El peso creciente de los fraudes con tarjetas
A esta presión se suma el cambio en la composición de las denuncias. De acuerdo con los antecedentes entregados por el Ministerio Público, el 75% del incremento de las denuncias corresponde a delitos vinculados al uso malicioso de tarjetas de crédito y débito.
Actualmente, las denuncias por estafas y fraudes con tarjetas representan aproximadamente una de cada cinco causas que ingresan al Ministerio Público.
Para la Fiscalía, el fenómeno no puede entenderse solamente como un aumento cuantitativo de denuncias: detrás de buena parte de estos delitos existirían estructuras criminales organizadas que requieren nuevas capacidades de persecución.