Luis Cordero cuestiona reforma de seguridad del Gobierno: “La gran pregunta es para qué era útil”

El exministro de Justicia y de Seguridad Pública Luis Cordero puso en duda el foco de la agenda legislativa de seguridad del Gobierno y planteó que, antes de impulsar nuevas herramientas, el Ejecutivo debe explicar qué problemas busca resolver y avanzar en la implementación de las leyes que ya fueron aprobadas durante los últimos años.

En conversación con ADN Hoy, Cordero abordó la decisión del Presidente José Antonio Kast de involucrarse directamente en las negociaciones con parlamentarios para destrabar la agenda de seguridad, que contempla, entre otras iniciativas, la creación de un nuevo estado de excepción constitucional.

“El Presidente está utilizando todo su capital en eso. Supongo que el Gobierno lo habrá evaluado bien (...) La única preocupación que tengo de la conversación y del enfoque es: una reforma en materia de seguridad, en esta parte, ¿para qué? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el objetivo?”, cuestionó.

El exsecretario de Estado señaló que “no quiero con esto desmerecer la agenda del Gobierno”, pero enfatizó en que “la pregunta es relevante por lo siguiente: Chile viene de un ciclo legislativo de tres o cuatro años, de acuerdos amplios entre el Gobierno y la oposición para la agenda de seguridad. Se despachan más de 70 leyes y el primer desafío que tiene este gobierno, paradójicamente, es implementar la mayoría de ellas. Hay algunas en las cuales era relativamente impensado que nos pusiéramos de acuerdo y fue posible”.

En esa línea, apuntó a normas que fueron objeto de negociaciones políticas durante la administración anterior. “Estoy pensando en la ley antiterrorista o la ley de inteligencia. Entonces, el Gobierno tiene un desafío de gestión muy significativo, y en eso comparto con el ministro Arrau: el principal desafío que tiene el Ministerio de Seguridad hoy es gestión”, señaló.

“No quiero decir con esto que la agenda legislativa no sea relevante. Lo que quiero decir es que, dado que tenemos ese conjunto de leyes de implementación simultánea, la pregunta para la agenda legislativa actual en materia de seguridad es: ¿qué falta todavía para poder cumplir los objetivos?, considerando lo que ha sido aprobado y que debe estar en proceso de implementación”, agregó.

“¿Para qué era útil?”

Cordero ejemplificó que existen materias donde sí identifica vacíos pendientes, como la administración de bienes decomisados. “Yo pondría un ejemplo: la agencia que permite la gestión y liquidación de bienes incautados, porque hoy las policías y el Ministerio Público están incautando muchísimo, y el sistema institucional que tenemos no es útil para eso. Es un tema pendiente, hay acuerdo y es razonable”, explicó.

Sin embargo, volvió a cuestionar la justificación de la reforma constitucional impulsada por el Ejecutivo. “Pero, por ejemplo, en la reforma constitucional, más allá de sus sobregiros de contenido, la gran pregunta que estaba detrás de eso es: ¿para qué era útil?”, sostuvo.

“De hecho, todas las estrategias que tienen que ver con intervención de telecomunicaciones y demás, buena parte de ellas están hoy diseñadas y aprobadas a propósito de la nueva ley de inteligencia. Entonces, ¿qué no es posible satisfacer con lo que tenemos de la nueva ley de inteligencia y que debiera estar en proceso de implementación?”, planteó.

El riesgo para la credibilidad del Gobierno

Consultado sobre si un eventual retiro o fracaso de la reforma constitucional supondría una derrota política para el Ejecutivo, Cordero evitó reducir la discusión a ese resultado y puso el foco en la distancia que puede producirse entre las expectativas generadas y la ejecución de las políticas.

“Los temas de seguridad se construyen a través de ciertos discursos y relatos. Cuando hay una disonancia entre el relato y el desempeño, el principal problema que termina por afectar es la credibilidad del sistema institucional. Y el problema, cuando se está en el Gobierno, es que esa falta de eficacia inmediatamente se traslada al Ejecutivo”, advirtió.

Finalmente, sostuvo que La Moneda buscaría obtener avances legislativos en el corto plazo, aunque insistió en que el principal desafío permanece en la implementación de las leyes ya aprobadas.

“Entonces, me parece que el Gobierno quiere salir pronto de un tránsito en la agenda legislativa para mostrar un resultado ahí, pero los temas más relevantes siguen estando en la implementación de la legislación aprobada”, cerró.