Comisión Mixta aprueba facultades a la PDI para allanar domicilios y agilizar expulsiones
El Congreso visó nuevas facultades policiales y aumentó a cinco años la prohibición de reingreso al territorio nacional tras la deportación.
El debate por la crisis de seguridad impulsó una nueva medida legislativa para la administración del presidente José Antonio Kast. Durante la jornada de este lunes, la Comisión Mixta del Congreso aprobó otorgar nuevas herramientas legales a la Policía de Investigaciones (PDI) enfocadas en la detección, detención y deportación de personas extranjeras involucradas en ilícitos, una medida acelerada tras el reciente asesinato perpetrado por un ciudadano en situación migratoria irregular.
La principal disposición visada por los parlamentarios establece que, de ahora en adelante, los efectivos policiales podrán hacer ingreso a un domicilio particular siempre que cuenten con la autorización previa de un juez de garantía. Este mecanismo busca materializar de manera efectiva la captura y posterior salida del país de quienes infrinjan la ley.
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El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, destacó la determinación del órgano legislativo como un avance fundamental para la agenda de La Moneda. “Es una de las innovaciones más decisivas que este proyecto de ley contempla para poder materializar el ordenamiento migratorio”, aseguró la autoridad de Gobierno.
Agilización de la expulsión y aumento de prohibición de reingreso
Junto con las facultades de allanamiento, la instancia parlamentaria dio luz verde a una modificación sustancial en los plazos de restricción fronteriza. La normativa aprobada dispone que, una vez consumada la expulsión del territorio nacional, la persona deportada no podrá volver a hacer ingreso a Chile durante los próximos cinco años, endureciendo el límite de tres años que permite la legislación actual.
Además, el proyecto incorpora un mecanismo que pretende descomprimir el sistema judicial y agilizar las deportaciones. La iniciativa permite que las autoridades concreten la salida del país de un extranjero en condición irregular sin la estricta necesidad de terminar un procedimiento penal que se encuentre en curso.
En la práctica, esto posibilitará el estudio de casos específicos de infractores que actualmente se encuentran privados de libertad. Dependiendo de la gravedad de sus antecedentes, el Estado podrá sacarlos del país sin aguardar el cierre de su proceso legal ordinario. Sobre esta nueva herramienta, Pavez precisó que “una persona irregular, si es sujeto de un procedimiento penal para algunos delitos, se pueda expulsar sin tener que terminar completamente el procedimiento penal”.
Mario Vergara
Editor general del área digital de Radio ADN. Enfocado en cobertura política y contingencia internacional....
