Municipalidad de Concepción despidió a militante del FA por razones políticas y ahora pagará millonaria indemnización
La Corte de Apelaciones revirtió la sentencia de primera instancia y acogió la tutela laboral de Camila Jarpa. Desde la Municipalidad anticiparon que buscarán recurrir ante la Corte Suprema.
Agencia Uno | Referencial
La Corte de Apelaciones de Concepción acogió el recurso presentado por Camila Jarpa, quien se desempeñó en el Programa de Fomento Productivo, y concluyó que la decisión de la Municipalidad de Concepción de no renovar su contratación desde enero de 2025 constituyó un acto de discriminación arbitraria por razones políticas.
Con ello, el tribunal de alzada revirtió la sentencia de primera instancia, que había rechazado íntegramente la demanda de tutela laboral.
En su sentencia de reemplazo, la Corte ordenó al municipio pagar un total de $17,4 millones, correspondientes a una indemnización adicional de nueve remuneraciones, aviso previo, tres años de servicio y el recargo legal respectivo.
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El fallo también estableció que la relación mantenida por Jarpa con el municipio reunía elementos de subordinación y dependencia propios de un vínculo laboral, pese a haberse formalizado bajo otra modalidad contractual.
FA pone el foco en la discriminación política y municipio anuncia que recurrirá a la Suprema
Tras conocerse la resolución, la presidenta del Frente Amplio Biobío, Leila Seguel, sostuvo que “ninguna persona puede ser perjudicada en su trabajo por ejercer legítimamente su derecho a participar y militar políticamente”.
Asimismo, aseguró que “la militancia política no puede transformarse en una causal de discriminación laboral. Los derechos laborales y las garantías democráticas deben estar por sobre cualquier consideración política”.
Desde la Municipalidad de Concepción, en tanto, el director jurídico Rodrigo Díaz Aguilera recordó que el resultado había sido distinto en primera instancia. “El juez laboral, después de conocer y valorar la prueba, no acogió la tesis de que la no renovación de la demandante hubiese obedecido a una discriminación de carácter político”, señaló, agregando que posteriormente la Corte de Apelaciones realizó “una interpretación distinta de los antecedentes”.
El municipio adelantó que buscará continuar la discusión judicial ante la Corte Suprema. “Respetamos, por cierto, lo resuelto por la Corte, pero jurídicamente no compartimos esa conclusión”, afirmó Díaz, quien sostuvo que existen fundamentos para presentar un recurso de unificación de jurisprudencia.
