Gobierno pide renuncia a seremi de Transportes de Arica tras denuncia por presuntas presiones a funcionaria de la DGAC
Patricio Löhr Tapia fue cuestionado por supuestamente intervenir para permitir el ingreso de trabajadores de una empresa vinculada a él al aeropuerto de Chacalluta, pese a que no contaba con autorización operacional vigente.
IG: MTT_Arica
El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones solicitó la renuncia del seremi de la cartera en Arica y Parinacota, Patricio Löhr Tapia, luego de una denuncia de funcionarios de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) por presuntas presiones para favorecer el ingreso al aeropuerto de Chacalluta de trabajadores de LohrAviation FBO Chile SpA, empresa creada por la propia autoridad antes de asumir su cargo.
La salida fue confirmada para Radio ADN por el delegado presidencial regional, Cristian Sayes, quien sostuvo que el Ejecutivo adoptó medidas después de conocer los antecedentes.
“Como Gobierno tomamos las acciones que corresponden en este tipo de situaciones y, por lo tanto, ya se le pidió la renuncia”, afirmó.
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De concretarse su salida, sería el quinto integrante del gabinete regional que deja su puesto de forma forzada, tras cambios en Hacienda, Agricultura, Salud y Trabajo, y el 44 del Gobierno del Presidente José Antonio Kast, considerando renuncias y remociones de seremis, subsecretarios y ministras.
La controversia surgió luego de que la Asociación Nacional de Funcionarios de la DGAC denunciara que Löhr habría llamado al teléfono particular de la encargada del Área de Seguridad y Acreditación para pedir que se autorizara el ingreso de trabajadores de su empresa al terminal aéreo, según un artículo de El Mostrador.
Según el gremio, LohrAviation no contaba con un permiso operacional vigente, luego de que expirara una autorización temporal mientras se tramitaban nuevos antecedentes.
De acuerdo con Javier Villarroel, presidente nacional de la organización, la funcionaria rechazó la solicitud debido a la falta de autorización y Löhr habría advertido que podría iniciar acciones legales contra quienes impidieran el acceso.