Encuesta Criteria: 42% cree que el Gobierno improvisa en materia de seguridad
El sondeo muestra un mayor rechazo a la creación de un nuevo estado de excepción, aunque la mayoría respalda modificar la Constitución para fortalecer las herramientas contra la delincuencia.
Agencia Uno
Santiago
La encuesta Criteria de agosto reveló un deterioro en la evaluación ciudadana sobre la estrategia de seguridad del Gobierno del Presidente José Antonio Kast. El estudio, realizado mediante un panel online entre el 27 y 28 de agosto, indica que el 42% de los consultados considera que el Ejecutivo “no tiene un plan claro y está improvisando”, tres puntos más que en la medición anterior.
En tanto, un 30% estima que el Gobierno tiene algunas ideas, pero no un plan definido, mientras que solo el 19% cree que cuenta con una estrategia clara. Las opiniones presentan diferencias según la posición política: el 40% de quienes se identifican con la derecha reconoce la existencia de un plan, mientras que entre las personas de izquierda el 87% afirma que el Ejecutivo está improvisando.
La propuesta de establecer un nuevo estado de excepción constitucional por un máximo de 240 días tampoco alcanza un respaldo mayoritario. El 49% se declara en desacuerdo o muy en desacuerdo con la medida, frente al 40% que la apoya. Entre los encuestados de derecha, sin embargo, la aprobación llega al 72%.
Un escenario distinto se observa ante la posibilidad de modificar la Constitución para fortalecer las herramientas de seguridad. El 53% respalda realizar estos cambios y el 36% los rechaza. El apoyo alcanza un 79% en la derecha y un 56% en el centro, mientras que el 66% de las personas identificadas con la izquierda se opone.
Respecto de quienes han sido condenados por crimen organizado o terrorismo, el 74% considera que existen delitos cuya gravedad obliga a priorizar la sanción por sobre la reinserción social. En materia sanitaria, las posiciones aparecen divididas: el 51% estima que se debe garantizar la atención de salud, mientras el 49% cree que la gravedad del delito podría justificar la eliminación de esas prestaciones.