Hasta viajaron al extranjero: dos doctores pasaron con licencia médica el 90% del tiempo que debian trabajar devolviendo sus becas
Una auditoría de Contraloría reveló que los anestesiólogos viajaron al extranjero y ejercieron labores privadas durante la gran mayoría de los 6 años en que debían trabajar en el sistema público.
El Servicio de Salud Arauco (SSA) determinó la desvinculación de dos médicos especialistas en Anestesiología e inició acciones judiciales tras detectarse que eludieron su obligación de retribución estatal mediante el uso sistemático de licencias médicas. La situación fue descubierta a través de una fiscalización de la Contraloría Regional del Biobío.
Ambos profesionales habían cursado su formación médica de postgrado gracias a becas financiadas con recursos estatales. En virtud de este beneficio, debían completar su Período Asistencial Obligatorio (PAO) trabajando durante seis años en la red asistencial pública; sin embargo, desempeñaron funciones efectivas por menos de seis meses en total.
De acuerdo con las conclusiones del informe, uno de los facultativos estuvo con reposo durante el 95% de dicho lapso, prestando labores en solo 108 días de un total de 2.192. Por su parte, el segundo profesional registró ausencias justificadas por salud equivalentes al 94% de su período, trabajando apenas 133 días.
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El ente fiscalizador constató que los anestesiólogos viajaron al extranjero y mantuvieron actividades remuneradas en instituciones públicas y privadas mientras regía el reposo. Respecto a uno de los involucrados, el 52% de los documentos médicos fueron extendidos por su propia cónyuge, registrando además 12 salidas del territorio nacional en ese intervalo.
Millonarios montos pendientes de cobro
La investigación de la entidad de control reveló también deficiencias estructurales en el organismo de salud regional, al verificar que no se acreditó el recupero de más de $2.046 millones. Estos dineros corresponden a garantías, aranceles y estipendios que debían restituir profesionales eliminados de sus especializaciones o que vulneraron sus convenios.
El reporte fiscalizador cuestionó la labor institucional al detectar casos de cobranza con escaso avance, trámites que permanecían archivados o la inexistencia de gestiones judiciales oportunas para exigir los reembolsos.
A raíz de la gravedad de los antecedentes recopilados en la auditoría, la Contraloría remitió los antecedentes a la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso) y a la Fiscalía Local de Lebu, con el fin de que se investiguen eventuales responsabilidades e infracciones a la ley.
Mario Vergara
Editor general del área digital de Radio ADN. Enfocado en cobertura política y contingencia internacional....
