Juez Luís Barria es removido tras condena por abuso sexual: colega ya lo había denunciado por acoso

La salida definitiva del Poder Judicial del controvertido exjuez Luis Barría se concretó el pasado 10 de agosto. Su destitución no fue fruto de una sanción disciplinaria interna, sino la consecuencia legal automática de una condena en sede penal por abuso sexual. Esta sentencia, que quedó firme en mayo de este año por la Segunda Sala de la Corte Suprema, tuvo como víctima a una funcionaria administrativa de la jurisdicción de Rancagua.

No obstante, la caída del magistrado visibiliza una paralela y extensa batalla legal iniciada por otra mujer. Años atrás, una jueza de la misma jurisdicción denunció ser víctima de acoso sexual por parte de Barría. Aunque el hostigamiento se detuvo cuando ella decidió confrontarlo directamente, la situación desencadenó un ambiente laboral hostil que se prolongó en el tiempo.

Un largo litigio laboral

El constante asedio obligó a la magistrada a presentar una denuncia ante la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS). En 2022, la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso) catalogó el cuadro de salud de la denunciante como una enfermedad de origen laboral. A raíz de esto, se instruyó a la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ) aplicar medidas como el “desarrollo y difusión de un protocolo de reintegro efectivo” y la “separación física de los agresores identificados en el ámbito de hostigamiento laboral”. De estas exigencias, la única acatada fue la “separación física y funcional del agresor sexual”, publica La Tercera.

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Ante el reiterado incumplimiento de la CAPJ en los plazos fijados, la jueza interpuso una demanda por tutela laboral ante el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago. Durante el proceso judicial, la corporación intentó deslindar responsabilidades argumentando no ser el empleador directo de la afectada. Sin embargo, en marzo de 2025, el tribunal desestimó esa defensa, reconociendo a la entidad como empleadora y marcando un precedente por la vulneración de derechos fundamentales.

La justicia no solo ratificó el acoso, sino que ordenó acciones complementarias. Entre ellas destacó “la intervención de la Secretaría Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación de la Corte Suprema en el tribunal donde ocurrieron los hechos” y también “la aceleración de los procesos administrativos internos que llevaban años sin resolución”. Dicho fallo quedó a firme, en todas sus etapas procesales, en mayo de 2026, explica el emdio citado.

Reacciones y deuda pendiente

Frente a la inacción de la CAPJ, Francisca Millán, abogada de AML Defensa de Mujeres y representante de la denunciante, fue enfática: “El tribunal no solo acreditó el acoso sexual, constató que la respuesta de la institución fue insuficiente, y por eso ordenó medidas de mitigación adicionales. Y hoy, casi cuatro años después, ninguna de las medidas. Ni las de la ACHS, ni las que ordenó el propio fallo han sido cumplidas. Mi representada ganó en tribunales y sigue esperando que el Poder Judicial cumpla lo que el Poder Judicial mismo ordenó”.

El férreo respaldo hacia la denunciante también llegó desde sus pares. La presidenta de la Asociación de Magistradas Chilenas, María Geraldine Aguirre, puntualizó que “El fallo confirma que no basta con establecer mecanismos de protección, hay que cumplirlos. Apoyamos a la denunciante a través del amparo de género, y continuaremos haciéndolo hasta que las medidas decretadas estén total y efectivamente cumplidas. El alcance de esta sentencia va más allá de este caso y envía un mensaje claro, cualquier funcionaria que sea víctima, tiene derecho a estar protegida”.

Mientras Barría era reubicado como relator de la Corte de Rancagua a la espera de su condena penal definitiva, la primera jueza que alzó la voz sigue esperando justicia reparatoria.