“No existe una norma”: abogado de Dispensario Nacional cuestiona acusación de la Fiscalía en Operación Imperio Ámsterdam

El abogado especialista en cannabis Hernán Bocaz, defensor de trabajadores y de la directiva de Dispensario Nacional, cuestionó los argumentos presentados por la Fiscalía durante la formalización de los cerca de 70 imputados en la denominada Operación Imperio Ámsterdam.

En conversación con ADN Hoy, el profesional advirtió sobre el tiempo que llevan privadas de libertad algunas de las personas involucradas. “Es importante señalar que hay personas que llevan detenidas más de una semana, producto de ampliaciones y distintas estrategias del Ministerio Público. Aún ni siquiera termina la exposición de los argumentos de la formalización”, indicó.

“Eso da cuenta de que no es un asunto sencillo. El cannabis es un tema bastante complejo. La Fiscalía sostiene que existe una fachada de cannabis medicinal para comercializar la sustancia, pero eso implica reconocer que existe alguna forma de acceder al cannabis medicinal. Cuando uno le pregunta al Ministerio Público cuál es esa vía, no existe una respuesta porque no hay una norma”, agregó.

Bocaz también afirmó que “la mera tenencia de cannabis no constituye un delito. Tener una planta tampoco constituye, por sí solo, un delito”.

Al ser consultado por el contenedor enterrado en el cual se mantenían cultivos de marihuana, respondió: “Eso es distinto y llegaremos al tema del contenedor. Desde aproximadamente 2014 comenzaron a surgir estas asociaciones. Dispensario Nacional no es la corporación más antigua, pero sí es, sin duda, la más grande”.

Legalidad de los dispensarios

Respecto de la inexistencia de los dispensarios dentro de la legislación chilena, el abogado señaló que “ese es precisamente el problema. Desde 2014 no existe una norma que indique cómo debe funcionar un dispensario. Es importante explicar cómo se llegó hasta esto”.

“Desde hace más de diez años existen agrupaciones de pacientes que requieren cannabis. No se trata de que una persona decida utilizarlo sin más, sino de tratamientos prescritos por médicos. Varias de las acusaciones formuladas probablemente deberán ser respondidas por esos profesionales respecto de las recetas cuestionadas. Eso no depende exclusivamente de las corporaciones ni de los pacientes. Existe un tercer foco de responsabilidad”, sostuvo.

Durante la entrevista también fue requerido por los antecedentes expuestos en la formalización, según los cuales investigadores encubiertos habrían logrado ingresar a la organización y conseguir cannabis haciéndose pasar por pacientes.

“Insisto en que no es tan sencillo. Ingresar a una corporación no consiste simplemente en llegar y entrar. Eso se verá durante el juicio y se está demostrando”, respondió.

“La Fiscalía está presentando una exposición en la que establece punto por punto los hechos que considera contrarios a la normativa. Sin embargo, esto no funciona como llegar hasta una góndola, sacar cannabis y marcharse”, añadió.

En esa línea, Bocaz explicó que “las corporaciones en Chile cuentan con sistemas cerrados, precisamente por este tipo de problemas. El bien jurídico protegido por la Ley 20.000 y por los delitos asociados al tráfico es la salud pública. Esta se vulnera cuando existe una difusión descontrolada de la sustancia. Eso está establecido en la normativa y en la jurisprudencia”.

Al abordar directamente los cultivos encontrados durante la investigación, el defensor reconoció su pertenencia. “Los contenedores o cultivos pertenecen efectivamente a la corporación. Nadie ha negado ese hecho. No tengo el número exacto de plantas que había en ese lugar, pero eran muchas”, afirmó.

“Sin embargo, a simple vista, esa cantidad no alcanzaría siquiera para medio mes de tratamiento de los 16 mil pacientes que tiene la corporación”, agregó.

El modelo de negocio

La Fiscalía también sostiene que los usuarios debían inscribirse como socios, presentar una receta médica, pagar una cuota de incorporación de $10 mil y entregar un certificado de antecedentes. Según el Ministerio Público, el modelo habría estado destinado a captar usuarios, distribuir cannabis a nivel nacional y generar ganancias.

Frente a dicha acusación, Bocaz sostuvo que “existen dos puntos importantes. Comenzaré por el de las ganancias. Ganancia, utilidad, aporte social y lucro son conceptos diferentes. Puede parecer una distinción muy fina, pero la Fiscalía los utiliza de manera bastante hábil en su argumentación”.

“El lucro no es lo mismo que generar ingresos o recibir aportes”, enfatizó.

El abogado también se refirió a los delitos investigados, entre los que se encuentran el lavado de activos, la producción y la distribución de cannabis. “Las defensas —somos cerca de 20 abogados representando a los distintos imputados— sostenemos que existe un error respecto del concepto de lucro”, afirmó.

“Para explicarlo de manera sencilla: los aportes sociales y todo el dinero que ingresa a la corporación se reinvierten, gastan y utilizan dentro de la misma organización. Eso es básicamente lo que establece la normativa”, explicó.

Asimismo, señaló que “los fines de la corporación se encuentran definidos en sus estatutos. Su objetivo es facilitar los tratamientos de los pacientes y entregar orientación respecto del uso del cannabis”.

“La corporación no distribuye cannabis indiscriminadamente a cualquier persona que llegue a solicitarlo. La guía es la receta médica”, aseguró.

Finalmente, Bocaz abordó la composición de los productos entregados por la organización. “También está el asunto del THC. Las recetas indican lo que necesita cada paciente y, al menos en el 90% de los casos, prescriben una composición combinada de CBD y THC. Naturalmente, eso depende de cada patología y de lo determinado por el médico”, concluyó.