ADN Hoy. Abogado constitucionalista cuestiona reforma de seguridad del Gobierno: “Algunas cosas son peligrosas”

El abogado y profesor de Derecho Constitucional Patricio Zapata cuestionó en ADN Hoy varios de los puntos centrales de la reforma constitucional de seguridad presentada por el Gobierno.

Si bien reconoció que elevar la seguridad pública a rango constitucional puede tener un sentido político, advirtió que otras disposiciones del proyecto son mucho más problemáticas.

“El nuevo estado de excepción, algunas atribuciones que se le entregan al Presidente y al Senado, ya son mucho más discutibles, y directamente algunas son peligrosas”, afirmó.

Zapata planteó que existe una amenaza real asociada al narcotráfico y que el Estado debe contar con mejores herramientas para enfrentarla. Sin embargo, cuestionó que la reforma utilice de manera amplia el concepto de crimen organizado.

“El enemigo de la democracia, que me parece complejo, es el narcotráfico. El proyecto usa la expresión crimen organizado, que yo creo que es defectuosa y hay que mejorarla”, señaló.

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“El nuevo estado de excepción está muy mal construido”

Uno de sus principales reparos apunta al nuevo estado de excepción de seguridad pública, que permitiría al Presidente mantenerlo durante 120 días y renovarlo por otros 120 sin requerir inicialmente autorización del Congreso. “Cuando tú le permites a un gobierno cualquiera que pueda establecer por sí y ante sí un estado de excepción por 120 días, y que luego lo pueda renovar por otros 120 días, tú te estás perdiendo la posibilidad de ese control”, sostuvo.

El constitucionalista fue todavía más crítico respecto de la redacción. “Esto es un retroceso”, afirmó, agregando que el mecanismo es “vago en su configuración” y que las instituciones deben diseñarse pensando no en el gobernante de turno, sino “en el peor presidente imaginable”.

Zapata también rechazó las restricciones a prestaciones financiadas por el Estado para condenados por crimen organizado. “Aquí lo que hay es un castigo adicional, 15 años después que la persona terminó de cumplir su condena, que afecta derechos fundamentales”, dijo.

A su juicio, negar posteriormente acceso a prestaciones básicas como salud no contribuye directamente a desarticular bandas criminales.

Finalmente, cuestionó que decisiones sobre qué organizaciones son criminales puedan involucrar al Presidente y al Senado. “Quiénes son criminales, quiénes no son criminales, es una decisión de la justicia”, recalcó, concluyendo que la propuesta contiene disposiciones que “no consideran la tradición constitucional chilena”.