El “fast track” de Hacienda: Plan del ministro Quiroz contra la permisología destrabó millonario negocio de su hermano
El proyecto inmobiliario Alto Santorini (US$43,6 millones), en el cual Víctor Quiroz es socio, lobista y diseñador, obtuvo su aprobación ambiental gracias a la estrategia gubernamental liderada por su propio hermano desde la cartera de Hacienda

21 DE JULIO DE 2026 / VALPARAISO FOTO: OSCAR GUERRA/UNO NOTICIAS / Oscar Guerra
La ofensiva del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, para agilizar las tramitaciones ambientales y combatir lo que el Ejecutivo denomina “permisología” ha terminado beneficiando directamente al entorno familiar de la autoridad.
Un reportaje de CIPER reveló que este plan de aceleración facilitó la aprobación ambiental del millonario proyecto inmobiliario Alto Santorini en Concón, una iniciativa de US$43,6 millones de la cual su hermano, Víctor Quiroz, no solo es el diseñador y lobista, sino también propietario de una fracción equivalente al 12% del proyecto.
La aprobación ambiental se concretó el pasado 8 de julio de este año bajo el alero de las nuevas directrices gubernamentales y a pesar de la firme oposición de organismos técnicos de seguridad.
El mecanismo fue diseñado detalladamente por el jefe de la billetera pública antes de asumir su cargo. En enero de este año, Jorge Quiroz adelantó en El Mercurio que la estrategia consistiría en “estamos construyendo un programa de gestión para advertir a cada ministro, con semanas de anticipación, cuándo algún subordinado debe emitir un informe y lo obliga a hacerse responsable de esa respuesta”.
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El secretario de Estado justificó que el control operativo se ejerciera desde su cartera argumentando que, a diferencia de otros ministerios que deben tocar puertas para coordinar, “Hacienda también golpea puertas, pero cuando no lo escuchan toca el timbre”. Este diseño se plasmó en una plataforma de seguimiento de actualización diaria y un comité de subsecretarios que sesiona cada dos semanas [11].
Un “Comité” opaco bajo la lupa de Transparencia
El Comité de Proyectos en el SEIA, que lidera y prioriza Hacienda para empujar las iniciativas paralizadas, ha levantado serias dudas debido a su falta de registros públicos. CIPER constató que no existen informes públicos ni actas oficiales de las sesiones del comité, operando en un marco de discrecionalidad.
Al respecto, el director de Chile Transparente, Michel Figueroa, advirtió a CIPER sobre la opacidad del mecanismo: “Desconocemos los criterios que están teniendo en cuenta y que están utilizando para priorizar uno por sobre otro. Y eso puede dejar la puerta abierta al tráfico de influencias, las influencias indebidas o incluso a que veamos situaciones de conflicto de intereses que no estén quedando registradas”.
Mientras el ministro Quiroz comandaba este potente engranaje estatal, su hermano, Víctor Quiroz, desplegaba una intensa agenda de lobby en la Región de Valparaíso para destrabar el proyecto Alto Santorini, que permanecía suspendido tras el colapso del edificio Kandinsky en 2023. Víctor Quiroz sostuvo al menos 10 audiencias con autoridades regionales.
De hecho, solo un mes antes de la aprobación final, el lobista y socio de Alto Santorini se reunió con Manuel Millones, delegado presidencial de Valparaíso y presidente de la Comisión de Evaluación que terminó otorgando luz verde a la obra.
El “bypass” a las alarmas técnicas de derrumbe
La facilitación del permiso ambiental se completó mediante una polémica maniobra administrativa del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de Valparaíso, que desestimó las tajantes advertencias técnicas de seguridad. El Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) rehusó levantar sus observaciones tras concluir que en el terreno dunar persistía “un peligro de remociones en masa del tipo deslizamientos, derrumbes y desprendimientos”.

proyecto inmobiliario Alto Santorini
La entidad minera insistió en que no era “posible descartar fundamentalmente la generación de impactos significativos ni riesgos para la seguridad de la población” sin un estudio específico del peligro.
Pese a este informe negativo, el SEA de Valparaíso decidió marginar el pronunciamiento técnico del Sernageomin para declarar “ambientalmente favorable” el proyecto, bajo el argumento de que “la geomorfología no es un objeto de protección en el SEIA”.
La autoridad ambiental resolvió que el estudio de remoción de masa no era un requisito previo, sino una condición que la propia inmobiliaria deberá resolver a futuro dentro de un “Plan de Prevención de Contingencias”. De este modo, la obra fue aprobada sin que se conozcan fehacientemente los riesgos reales de que ocurra un nuevo socavón en el sector.
El actuar del ministro de Hacienda que facilitó estos permisos se ve agravado por sus omisiones de transparencia en el Congreso. Según detalló una publicación de El Mostrador, el secretario de Estado ha liderado activamente la discusión legislativa de la “Ley Miscelánea”, proyecto que beneficia al sector inmobiliario con incentivos tributarios y de aceleración, sin transparentar en su Declaración de Patrimonio que su hermano Víctor integra Quiroz y Puelma Arquitectos, uno de los estudios de arquitectura más grandes de la zona y vinculado previamente al siniestrado edificio Kandinsky.
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