AUDIO. Reforma de seguridad: Especialista advierte riesgos constitucionales por posible pérdida de beneficios sociales

En conversación con La Prueba de ADN, la directora del Centro de Justicia Constitucional de UDD, Marisol Peña, abordó la reforma constitucional de seguridad impulsada por el Gobierno de José Antonio Kast.

Bajo ese contexto, la exministra del Tribunal Constitucional (TC) advirtió que podrían originarse problemas si se restringen beneficios sociales a personas condenadas y sostuvo que ese es uno de los puntos que deberá revisarse.

“Si el proyecto presentado (...) insiste en que pueden afectarse por la vía de inhabilidades derechos financiados con prestaciones estatales, como el derecho a la educación o salud, pudieran haber problemas de inconstitucionalidad”, señaló.

En esa línea, Peña recordó que la Constitución establece que no se puede imponer como pena la pérdida de derechos previsionales. Además, apuntó al principio de progresividad de los derechos sociales contemplado en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

“Vamos a tener que examinar cuidadosamente este proyecto”, afirmó, agregando que estos elementos podrían ser considerados por el Tribunal Constitucional ante una eventual impugnación.

Revisa también

• AUDIO. Exministra Trinidad Steinert no asiste a comisión investigadora y se suspende la sesión en el Congreso
• UDI respalda reforma de seguridad y anticipa régimen carcelario “como nunca habíamos visto”

Por otro lado, la constitucionalista también cuestionó la propuesta de crear un nuevo estado de excepción para enfrentar situaciones graves de criminalidad.

“¿Es necesario realmente incorporar un nuevo estado de excepción y tener cinco estados de excepción constitucionales (...) o bastaría fortalecer el estado de emergencia?”, planteó.

En ese sentido, sostuvo que una alternativa sería ampliar las facultades del actual estado de emergencia, en lugar de incorporar una nueva figura a la Constitución.

Finalmente, la directora planteó que el debate deberá determinar qué medidas requieren una reforma constitucional y cuáles pueden resolverse mediante cambios legales.