Arrau explica reforma de seguridad tras polémica por beneficios: adelanta que habrá inhabilidades “a través de una ley especial”

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, detalló este lunes los principales contenidos de la reforma constitucional en materia de seguridad que el Gobierno ingresará al Senado, luego de los cuestionamientos surgidos en los últimos días por el borrador de la iniciativa.

Tras participar en el comité político, el secretario de Estado explicó que el proyecto contempla tres ejes principales. El primero busca incorporar la seguridad pública como un mandato constitucional y un deber del Estado.

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El segundo propone crear un registro de organizaciones vinculadas al crimen organizado y el terrorismo, junto con un régimen penitenciario especial para sus integrantes. El tercer punto considera establecer un nuevo estado de excepción constitucional de seguridad pública, destinado a enfrentar situaciones graves asociadas a estos fenómenos.

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Restricción de beneficios quedará para una ley especial

Uno de los aspectos que había generado mayor controversia era la posibilidad de restringir determinados derechos o beneficios sociales a personas condenadas por delitos como terrorismo, narcotráfico o crimen organizado.

Al respecto, Arrau aclaró que esta materia no quedará establecida directamente en la reforma constitucional, sino que será abordada posteriormente mediante una legislación específica.

“Lo que establecemos es que, tal como existe hoy día en la Constitución para inhabilidades para personas condenadas por terrorismo, nuestro texto actual incorpora (...) la posibilidad que, a través de una ley especial, las personas condenadas por crimen organizado, narcotráfico, terrorismo, tengan algunas inhabilidades particulares”, explicó.

Según el ministro, se trataría de restricciones sobre determinados beneficios sociales financiados con recursos públicos, para lo cual será necesaria una habilitación constitucional.

Arrau también llamó a esperar el texto definitivo antes de evaluar la propuesta, asegurando que los borradores compartidos previamente con parlamentarios han sido modificados.

“La Constitución se ha modificado un par de veces al año o al menos una vez al año por materias de seguridad”, sostuvo, y defendió que el objetivo del Ejecutivo es fortalecer, y no debilitar, la institucionalidad.