Contraloría destapa escándalo en El Tabo: detectan 56 contrataciones ligadas a parentescos municipales, incluyendo 24 vinculadas al alcalde
Frente a este escenario, el ente regulador otorgó un plazo perentorio de 60 días para que el municipio anule los decretos cuestionados.
Alfonso Muñoz, alcalde de El Tabo
Un demoledor informe de la Contraloría General de la República reveló graves irregularidades por nepotismo en la Municipalidad de El Tabo.
El organismo fiscalizador detectó que 56 funcionarios municipales mantienen vínculos de parentesco con directivos del municipio. De ese total, 24 personas tienen una relación directa familiar o de amistad con el actual alcalde de la comuna, Alfonso Muñoz.
La investigación determinó que entre los contratados vinculados al jefe comunal figuran dos hermanas, una sobrina y su propia pareja en funciones municipales. Además, de la totalidad de personas bajo sospecha, 41 ingresaron a trabajar con posterioridad a que las autoridades cuestionadas asumieran sus respectivos cargos públicos.
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Uno de los casos más controvertidos involucra al conviviente de la hija del alcalde. Según Contraloría, el jefe comunal firmó tres decretos de contratación para esta persona en distintas funciones, como docente y director de colegio, en circunstancias donde debió haberse inhabilitado. Este hecho fue calificado por los denunciantes como una falta grave a la probidad administrativa.
Cuestionamientos en finanzas y posible remoción del alcalde
El nepotismo no se limitaría a la alcaldía, sino que afecta a departamentos estratégicos. El informe identificó que 16 funcionarios están vinculados con el jefe de Finanzas (DAF), nueve con el área jurídica y siete con la dirección de Control. Incluso, se constató que el jefe de finanzas integró directamente la comisión evaluadora que seleccionó a su propio pariente.
Frente a este escenario, el ente regulador otorgó un plazo perentorio de 60 días, hasta el 26 de agosto, para que el municipio anule los decretos cuestionados. Asimismo, la entidad ordenó justificar el gasto financiero de dichas contrataciones y el polémico traspaso de personal a la modalidad de Código del Trabajo sin justificación legal.
Por su parte, el alcalde Muñoz se defendió en redes sociales asegurando que el informe “no lo acusa de ningún delito” y justifica la trayectoria de las familias locales. No obstante, la concejala Claudia Aracena confirmó que los ediles estudian solicitar la destitución del jefe comunal ante el Tribunal Electoral por notable abandono de deberes.