ONU lanza advertencia por cuadernos de remoción abiertos en la corte Suprema contra jueces por mal uso de licencias médicas

Las tensiones en el Poder Judicial chileno se intensifican tras la apertura de más de 50 cuadernos de remoción contra jueces que cometieron faltas a la probidad al viajar al extranjero con licencia médica.

Ante esta ofensiva disciplinaria de la Corte Suprema, la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados ha decidido dar una dura batalla jurídica, argumentando que se vulnera el debido proceso al someter a un segundo juicio a magistrados que ya fueron juzgados en sus respectivos sumarios, resultando algunos sancionados, absueltos o sobreseídos.

Para enfrentar esta crisis institucional, el gremio ha organizado convenios a bajo costo para los afectados, desplegando defensas en distintos frentes legales.

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En la tramitación de los cuadernos cuentan con la asesoría de Ciro Colombara, mientras que para los requerimientos de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC) recurrieron al estudio Sarmiento, Walker y García. Asimismo, impulsan un frente laboral asesorados por el estudio Rossel Fuentes Urzúa y un amparo gremial presentado directamente ante el máximo tribunal.

La advertencia de la ONU y los criterios de idoneidad

Además de las acciones en tribunales nacionales, los magistrados han encontrado un respaldo clave en el escrutinio internacional. Hace pocas semanas, la relatora especial de la ONU sobre la independencia de magistrados y abogados, Margaret Satterthwaite, advirtió con preocupación que estos jueces se enfrentan a procesos de destitución por conductas que no constituían faltas disciplinarias según la legislación chilena, informa La Tecera.

La experta internacional señaló que el uso del artículo 80 de la Constitución para aplicar medidas disciplinarias retroactivas y de alcance general constituye una desviación significativa del uso tradicional de esta facultad. Según el reporte, la falta de criterios objetivos sobre el “buen comportamiento” obliga a los jueces a defender la continuidad en sus puestos frente a estándares indefinidos, lo que podría utilizarse para acallar el debate público tras el escándalo de las licencias médicas.