Ministra Chomali pone reparos a reforma de seguridad por restricción de prestaciones de salud a condenados
La titular de Salud advirtió que la medida podría entrar en conflicto con normas vigentes y afectar el derecho a la salud, por lo que planteó que deberá ser revisada dentro del Gobierno.
May Chomali / Oscar Guerra
La ministra de Salud, May Chomali, expresó sus reparos a una de las propuestas que forman parte del borrador de la reforma constitucional de seguridad que prepara el Gobierno.
La iniciativa contempla restringir el acceso a determinadas prestaciones financiadas por el Estado para personas condenadas por crimen organizado, terrorismo o narcotráfico.
El texto, que todavía no ha sido ingresado al Congreso, considera 11 modificaciones constitucionales. Entre ellas se plantea que quienes reciban condenas por estos delitos puedan perder acceso a prestaciones en ámbitos como salud, educación y seguridad social durante el cumplimiento de su pena y por hasta 15 años adicionales.
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Consultada sobre la propuesta, Chomali advirtió en conversación con CNN Chile que la medida podría entrar en tensión con la legislación sanitaria actualmente vigente. “Puede ser un poco incompatible. Podría generar alguna incompatibilidad con algunas leyes que nosotros tenemos”, señaló.
La ministra precisó que la discusión todavía deberá darse al interior del Ejecutivo antes de fijar una posición definitiva. “Cuando sea el momento adecuado lo vamos a revisar y vamos a conversar en la interna con los ministros, pero en el espíritu de que podría afectarse el derecho a la salud”, sostuvo.
Los reparos también han sido planteados por exautoridades de Salud. Jaime Mañalich advirtió que excluir determinadas atenciones podría generar consecuencias que vayan más allá de la persona condenada, mientras Karla Rubilar apuntó a las posibles implicancias para la salud pública. Por su parte, Enrique Paris llamó a delimitar claramente la propuesta y sostuvo que no sería aceptable dejar sin atención a alguien que enfrente una emergencia o riesgo vital.
Desde el oficialismo, el senador UDI Javier Macaya respaldó el objetivo de endurecer las consecuencias para quienes sean condenados por delitos graves, aunque reconoció que la redacción preliminar todavía requiere ajustes.
La discusión seguirá abierta mientras el Gobierno termina de definir el contenido de la reforma antes de su eventual ingreso al Congreso.