Fin del caso SQM tras 12 años: 8 absueltos, 10 condenados y 132 salidas alternativas en el mayor escándalo por financiamiento ilegal de la política

Un total de 11 años y 10 meses han transcurrido desde que el Ministerio Público inició la investigación por presunto financiamiento ilegal de la política en el denominado caso SQM. Tras descartarse los delitos en el veredicto emitido en octubre del año pasado, el Tercer Tribunal Oral en lo Penal (TOP) de Santiago entregó finalmente la sentencia definitiva que absuelve a los ocho imputados, marcando el cierre de uno de los capítulos judiciales más extensos del último tiempo.

En una audiencia celebrada el pasado miércoles 5 de agosto, las juezas María Teresa Barrientos, Claudia Santos y Carolina Paredes encabezaron la lectura de la resolución. Dada la monumental extensión del texto, que alcanza las 4.356 páginas, el tribunal debió adoptar un procedimiento especial, leyendo únicamente la parte resolutiva del voto de mayoría, la cual se extendió por casi 60 carillas.

La magnitud del documento fue tal, que la propia administración del Tercer TOP debió emitir un certificado a los litigantes informando dificultades técnicas para cargar el texto íntegro a los sistemas informáticos del Poder Judicial.

Duras críticas a la Fiscalía y querellantes

El fallo detalla que de las más de 4 mil páginas, 3.600 fueron dedicadas a exponer las pruebas analizadas durante las 560 jornadas de juicio. Por su parte, el voto disidente de la jueza Paredes, quien estuvo por condenar a los acusados al considerar probada la falsedad ideológica y el soborno, abarcó 80 páginas.

Sin embargo, el foco del voto de mayoría se centró en los severos cuestionamientos hacia el trabajo de la Fiscalía Regional de Valparaíso, liderada por Claudia Perivancich, y de los querellantes, entre los que se cuentan el Servicio de Impuestos Internos (SII), el Consejo de Defensa del Estado (CDE) y la Fundación Ciudadano Inteligente.

Las juezas determinaron que existieron deficiencias en la redacción de la acusación, omisiones, uso de términos genéricos e incongruencias entre lo alegado y los hechos. En esa línea, el tribunal fue categórico al plantear que les fue “imposible” corregir estas falencias.

“Habilitar al tribunal al momento de tomar una decisión (...) para que adicione o modifique sustancialmente antecedentes fácticos relevantes omitidos, implicaría asumir el ejercicio de una función que la Constitución y la ley asignan al titular de la acción penal, resintiéndose severamente con ello el principio de imparcialidad”, subraya el dictamen.

De acuerdo con un análisis de los registros de la causa, el extenso proceso judicial impulsado por el Ministerio Público para desbaratar el esquema de financiamiento irregular de la política dejó cifras concretas antes de llegar a la etapa de juicio oral: 10 personas condenadas, 132 imputados acogidos a salidas alternativas y más de $4.600 millones recaudados por el Fisco.

Condenas, salidas alternativas y rectificaciones

Durante la investigación, la Fiscalía logró acreditar la emisión de boletas y facturas ideológicamente falsas. Por estos ilícitos, 10 personas recibieron condenas, en su mayoría a través de procedimientos abreviados que evitaron el juicio oral. Entre los casos sentenciados destacó el de la contadora Clara Bensan, condenada por su rol en el financiamiento ilegal de campañas políticas.

Asimismo, la indagatoria constató mecanismos de desvío de dineros partidarios. Uno de los hechos acreditados fue el entramado armado para canalizar, entre 2011 y 2012, un total de $57 millones provenientes de SQM Salar con el fin de financiar actividades del Partido por la Democracia (PPD), a través de contratos por servicios que nunca se prestaron.

Para evitar llegar a un juicio o cumplir penas mayores, la abrumadora mayoría de los investigados optó por negociar con el Ministerio Público. Esto se tradujo en que 132 imputados se acogieran a salidas alternativas, cumpliendo condiciones como la firma mensual o pagos menores, cerrando así sus respectivos capítulos judiciales.

Dentro de esos 132 nombres, que no admitieron culpabilidad penal, pero aceptaron pagar multas, destacan el exalcalde de Santiago y de Florida (UDI) Pablo Zalaquett; exdiputado de la UDI, Cristián Leay; Familiares de Jaime Orpis (UDI), Hijos del Senador Jorge Pizarro (DC), hijo del Diputado Roberto León (RN), mientras él fue absuelto en la instancia final; Entorno de Fulvio Rossi (PS), mientras el fue absuelto por la Corte Suprema.

La Persona Jurídica de SQM: El hito más controversial ocurrió a principios de 2018, cuando el Ministerio Público, liderado en ese entonces por el fiscal Pablo Gómez, le otorgó una salida alternativa a la propia empresa minera como institución. Para suspender la investigación penal por el delito de cohecho a la firma, SQM pagó una millonaria suma de $2.550 millones de pesos (repartidos entre el fisco y donaciones a fundaciones como el Hogar de Cristo)

Multas millonarias y el impacto internacional

El aspecto más lucrativo para el Estado chileno provino de las sanciones económicas y las rectificaciones tributarias. A raíz de la apertura de la causa, diversas empresas involucradas se vieron obligadas a regularizar sus declaraciones de impuestos ante el Servicio de Impuestos Internos (SII). Estas acciones, sumadas a las multas y compensaciones pagadas directamente por SQM, reportaron más de $4.600 millones a las arcas fiscales.

Las repercusiones económicas del caso no se limitaron al territorio nacional. Frente a la justicia de Estados Unidos, la minera no metálica debió reconocer el fraude corporativo mediante boletas falsas para financiar a políticos chilenos. Como consecuencia de haber violado la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA, por sus siglas en inglés), SQM tuvo que pagar multas que superaron los US$ 30 millones a los reguladores estadounidenses, confirmando a nivel internacional la magnitud de la red de pagos ilícitos.