Cadem: baja la percepción de la delincuencia, pero 61% aún cree que el Estado está siendo sobrepasado por el crimen
La medición mostró una caída de siete puntos en quienes creen que los delitos aumentaron durante los últimos seis meses.
07 DE AGOSTO 2026 / MACUL 175 Efectivos policiales de distintos departamentos de Carabineros de Chile y de Policia de Investigaciones son reunidos en la explanada del espacio Macul en preparacion para realizar un mega operativo en el marco de un despliegue nacional. FOTO: LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO
La última encuesta Plaza Pública de Cadem mostró una disminución en la percepción de los chilenos respecto del avance de la delincuencia durante los últimos meses, aunque la mayoría todavía considera que el Estado no logra enfrentar adecuadamente el fenómeno.
Según los resultados difundidos este miércoles 12 de agosto, un 40% de los consultados cree que la delincuencia aumentó durante los últimos seis meses, siete puntos menos que en mayo. Asimismo, la percepción de que los delitos se han vuelto más violentos bajó cinco puntos, hasta ubicarse en 54%.
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En cuanto a los hechos que generan mayor temor, la encerrona o portonazo se posicionó en primer lugar con un 40%, registrando un alza de nueve puntos. Le siguieron el robo o hurto con violencia, con 35%, y el robo en viviendas, con 31%.
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Pese a la disminución en algunos indicadores, un 61% considera que el Estado está siendo sobrepasado por la delincuencia, aunque esta cifra representa una caída de seis puntos.
El crimen organizado continúa siendo identificado como la principal amenaza. Un 72% lo considera el principal problema de seguridad del país, mientras que un 45% estima que enfrentarlo debería ser la prioridad número uno del Gobierno, tres puntos más que en la medición anterior.
Respecto de quién debe asumir la responsabilidad para resolver la delincuencia, un 53% apunta al Gobierno. Más atrás aparecen los tribunales y jueces, con 29%; la PDI y Carabineros, con 10%; y los fiscales, con 4%.
Los resultados se conocen pocos días después de que el Presidente José Antonio Kast firmara una reforma constitucional orientada a fortalecer las herramientas contra el crimen organizado y el terrorismo.
La iniciativa busca consagrar la seguridad pública como deber del Estado, crear un nuevo estado de excepción para enfrentar amenazas criminales graves y establecer mecanismos para reconocer organizaciones como criminales o terroristas. También contempla medidas para incautar bienes vinculados al narcotráfico y al crimen organizado.