Prisión preventiva para 56 imputados por red nacional de tráfico de armas impresas en 3D
La Fiscalía Supraterritorial logró la máxima cautelar tras la “operación 3D”, la cual dejó un saldo de 59 detenidos en 12 regiones del país. La banda utilizaba redes sociales para comercializar el armamento.
Un contundente golpe al crimen organizado y a las nuevas modalidades de tráfico ilícito concretó la Fiscalía Supraterritorial este lunes, tras informar que logró la privación de libertad para 56 de los 59 detenidos en la denominada “operación 3D”.
El operativo, catalogado como una investigación compleja y de largo aliento, se desplegó de manera simultánea en 12 regiones del país con un amplio contingente de la Policía de Investigaciones (PDI). El objetivo central fue desbaratar redes dedicadas a la fabricación y comercialización de armas impresas en 3D, así como armamento convencional, utilizando plataformas digitales para concretar las ventas.
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Cautelares y delitos imputados
Tras la formalización, el Tribunal de Garantía de San Bernardo concedió las medidas solicitadas por el ente persecutor, al considerar plenamente acreditados tanto los delitos como la participación de los involucrados.
En detalle, de los 59 capturados, 48 quedaron bajo la medida cautelar de prisión preventiva y otros ocho en internación provisoria al tratarse de menores de edad. Solo tres personas quedaron con medidas menos gravosas.
El fiscal supraterritorial, Miguel Ángel Orellana, explicó la gravedad de los cargos formulados contra la agrupación. “Los hechos por los que fueron formalizados son los delitos de asociación criminal, sumados a los delitos de la Ley de Control de Armas, entre ellos el tráfico de armas, la tenencia ilegal de armas de fuego, de municiones, de partes y piezas, dentro de las más importantes”, detalló. Adicionalmente, el persecutor confirmó que una de las imputadas fue formalizada por el delito de cohecho.
El mercado negro en Telegram
Uno de los aspectos más alarmantes de la investigación fue el nivel de coordinación digital de las bandas. El fiscal Orellana advirtió que la impresión de armamento “genera un mercado negro tan importante como el que se pudo determinar en este caso”.
La dinámica delictual operaba principalmente a través de múltiples canales de la aplicación de mensajería Telegram. En estos chats clandestinos, los imputados realizaban “las convenciones, los acuerdos, las compras y ventas de estas armas de fuego que eran confeccionadas en impresoras 3D, pero también armas de fuego convencionales y armas adaptables”, sentenció la autoridad, manifestando la satisfacción del Ministerio Público por el éxito total de los allanamientos.