FOTO. Partido Comunista fustiga el plan de seguridad del Gobierno y acusa “falta de un programa real”

A través de una declaración pública difundida en sus redes sociales, el Partido Comunista de Chile (PC) criticó severamente al Presidente José Antonio Kast y el reciente plan de seguridad presentado por el Ejecutivo.

Desde la colectividad opositora aseguraron que el Gobierno carece de propuestas sustantivas y advirtieron sobre el riesgo de confundir la persecución del delito con la movilización social.

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En el escrito, el PC cuestionó la tardanza y el enfoque de las medidas oficiales, argumentando que si existiera una voluntad real por avanzar en materia de seguridad, la administración habría priorizado el levantamiento del secreto bancario y un incremento decididos en la inversión para la modernización de las policías e instituciones de persecución penal.

En lugar de ello, denunciaron que una de las primeras decisiones del Ejecutivo fue intentar recortar un 3% el presupuesto del Ministerio de Seguridad Pública, presentando un “primer esbozo” recién a cinco meses de asumir el mando.

Uno de los puntos centrales del pronunciamiento apunta a la reforma constitucional que busca impulsar La Moneda para establecer estados de excepción en sectores focalizados.

Frente a esto, la tienda de oposición exigió que se entregue la evidencia técnica sobre su efectividad y se establezcan garantías claras que impidan actos de arbitrariedad o discriminación.

Asimismo, la colectividad alertó que la agenda de seguridad no puede transformarse en un argumento para limitar o condicionar derechos sociales como la gratuidad universitaria, las pensiones y los subsidios habitacionales.

“No son favores presidenciales, son derechos conquistados”, sostuvieron, al tiempo que emplazaron directamente al Mandatario señalando que, tras doce años de preparación para la presidencia, no ha demostrado capacidad para estructurar un programa real de crecimiento, empleo y resguardo ciudadano.

Finalmente, el PC reafirmó su posición de actuar con firmeza contra el crimen organizado y colaborar con las instituciones dentro del marco de protección a los derechos humanos, manifestando su disposición a un diálogo con resultados concretos. “Los delincuentes deben perder su impunidad; los ciudadanos no deben perder sus derechos”, concluye el documento.