Gobierno cierra unidad creada para investigar adopciones ilegales tras solo cuatro meses de funcionamiento
El organismo impulsaba búsquedas documentales y genéticas, además de apoyo jurídico y psicosocial.
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La Subsecretaría de Derechos Humanos decidió cerrar la Unidad de Búsqueda de Orígenes y Familiares de Personas Afectadas por Adopciones Ilegales, Forzadas o Irregulares (UBAFI), organismo que había sido creado en febrero de este año para abordar los casos de adopciones irregulares en Chile.
Según informó BioBioChile, la resolución que dejó sin efecto la unidad fue firmada el 22 de junio, mientras que los tres profesionales que integraban el equipo fueron notificados del término de sus funciones el pasado 30 de junio.
La UBAFI surgió como una de las principales recomendaciones de la mesa interinstitucional creada en 2024 para enfrentar este problema y tenía como misión reconstruir historias familiares, coordinar búsquedas documentales y genéticas, facilitar reencuentros y brindar acompañamiento jurídico y psicosocial a las víctimas.
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De acuerdo con el medio citado, el entonces encargado de la unidad, Ananías Reyes, calificó la decisión como “un retroceso de Estado en la respuesta a víctimas que han sido particularmente postergadas y que requieren justicia”.
Además, sostuvo que uno de los proyectos pendientes era la implementación del Banco de Huellas Genéticas, iniciativa que nunca alcanzó a ponerse en marcha.
El medio también señaló que funcionarios del ministerio manifestaron preocupación, ya que la obligación legal de atender estos casos continúa vigente, pese a la desaparición de la unidad especializada.
Consultada por el portal, la Subsecretaría de Derechos Humanos afirmó que el trabajo en materia de adopciones irregulares no se suspenderá, sino que será reasignado al gabinete de la cartera junto a un nuevo profesional incorporado desde el 1 de julio.
La repartición explicó que, durante los tres meses de funcionamiento de la unidad, no se recibieron requerimientos judiciales para iniciar las investigaciones contempladas en la ley, por lo que se optó por reorganizar las funciones con el objetivo de resguardar una gestión más eficiente de los recursos públicos.