Proveedora de Junaeb interpone querella contra el nuevo director nacional por denuncia calumniosa y prevaricación

La Sociedad de Servicios de Alimentación, Soser S.A., interpuso una querella criminal en contra del Secretario General de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb), Fernando Peña, acusándolo como autor de los delitos de denuncia calumniosa y prevaricación administrativa. La acción legal, ingresada formalmente en el Cuarto Juzgado de Garantía, responde a una denuncia que la autoridad del organismo público realizó ante la Fiscalía, donde acusó a la firma de presuntas irregularidades que habrían derivado en el pago indebido de $14 mil millones por raciones alimenticias que supuestamente no fueron entregadas.

En el escrito judicial, la empresa proveedora sostiene de forma tajante que Peña actuó de manera maliciosa, a sabiendas de que se trataba de hechos idénticos que ya habían sido sometidos a una exhaustiva investigación por parte del Ministerio Público en 2023. Dicho proceso anterior culminó con la dictación del sobreseimiento definitivo de la causa, tras establecerse judicialmente que los hechos no eran constitutivos de delito.

“Resulta paradójico y profundamente preocupante que, quien encabeza el organismo público encargado de velar por la alimentación de estudiantes que necesitan del apoyo del Estado, no esté orientando sus esfuerzos a garantizar la continuidad y calidad del servicio (...) ha privilegiado la persecución reputacional de una sociedad que ha demostrado históricamente su compromiso”, fustigó la empresa.

El origen del caso: Licitaciones en tiempos de pandemia

Para comprender el trasfondo de la controversia, es necesario remontarse al año 2020, periodo en que Soser participó en una licitación pública abierta por Junaeb para cubrir la demanda de alimentación escolar en diversas regiones de Chile durante los años 2021, 2022 y 2023. En dicho proceso, la compañía se adjudicó de forma legal el contrato correspondiente a la Región de O’Higgins.

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Debido al complejo escenario social y económico impuesto por la crisis sanitaria del Covid-19, las bases de licitación estatales contemplaron un diseño de protección especial:

• Componente fijo del contrato: Se incorporó una base de pago fija equivalente al 40% del contrato con el fin estricto de asegurar la empleabilidad y los sueldos de las manipuladoras de alimentos encargadas de procesar las colaciones. En 2022, la propia Junaeb elevó de un 40% a un 60% dicho componente fijo.
• Precios unitarios: El criterio que definió la adjudicación de la licitación fue el monto total global ofertado por el contrato, y no el valor individual de cada prestación aislada (como desayunos o almuerzos). De esta manera, los oferentes fijaron los precios unitarios de cada servicio con plena discrecionalidad, sin que esto alterara las reglas de competencia.
• Modificaciones por fuerza mayor: Durante la vigencia del contrato y a causa de las restricciones sanitarias de la pandemia, Junaeb introdujo cambios operativos legítimos, tales como autorizar el reemplazo de raciones calientes por canastas de provisiones secas en los colegios públicos y subvencionados.

Modificaciones globales y respaldo de la fiscalía

El informe de la empresa dice que en noviembre de 2022, y tras ejecutar una auditoría caso a caso de toda la industria, Junaeb determinó modificar el número total de las raciones de desayunos, almuerzos, onces y colaciones en el sistema general. El objetivo técnico de esta medida de la autoridad de la época era evitar un descalabro financiero en las firmas adjudicatarias, restablecer el equilibrio económico de los contratos vigentes y asegurar de forma ininterrumpida la continuidad del Programa de Alimentación Escolar (PAE).

La firma enfatizó que este ajuste significó un incremento porcentual específico para todas las empresas operadoras con contratos vigentes en el país, y no una medida de beneficio particular para Soser. Esta absoluta transparencia y legalidad del proceso masivo fue refrendada por el Ministerio Público en la investigación penal previa, decretando la inexistencia total de ilícitos.

Con más de 30 años de trayectoria en el mercado nacional y un equipo de aproximadamente 6.700 trabajadores permanentes, Soser elabora actualmente unas 783.000 raciones de comida diarias. Esta capacidad operativa permite abastecer a más de mil escuelas vulnerables adscritas al sistema público, lo que representa de forma estimada el 18% de la cobertura total del Programa de Alimentación Escolar (PAE) a nivel nacional, antecedentes que la proveedora esgrimió ante los tribunales para denunciar el daño a su reputación institucional.