Fiscalía advierte “patrones habituales” en ingreso de niños haitianos a Chile y apunta a red organizada

La Fiscalía Nacional abrió una investigación para esclarecer el eventual ingreso irregular de más de 200 niños, niñas y adolescentes haitianos a Chile bajo la figura de reunificación familiar, luego de una denuncia presentada por el Servicio Nacional de Migraciones.

El caso está siendo indagado por la Unidad de Anticorrupción del Ministerio Público, que busca determinar el paradero de los menores, las responsabilidades de los adultos que figuraban a su cargo y el financiamiento de los vuelos en los que llegaron al país.

Según los antecedentes preliminares, los ingresos se habrían registrado entre enero y abril de 2025, aunque la Fiscalía no descarta que el periodo investigado pueda ampliarse. Uno de los elementos que levantó alertas fue el alto volumen de niños y adolescentes que llegaron en un corto plazo, muchos de ellos asociados a un mismo adulto responsable.

La investigación también apunta a eventuales irregularidades en los procedimientos de ingreso al país. Entre las instituciones que deberán aportar antecedentes se encuentran el Servicio Nacional de Migraciones, la Subsecretaría de la Niñez, la Dirección General de Aeronáutica Civil y la Policía de Investigaciones.

Otro de los focos está puesto en los vuelos utilizados para el traslado de los menores, ya que no se trataría de vuelos comerciales, sino de vuelos chárter. Por ello, el Ministerio Público también indagará las autorizaciones entregadas y el origen de los recursos que permitieron financiar esos traslados.

En esta etapa inicial, la Fiscalía investiga posibles delitos de cohecho, soborno, falsificación de instrumento público y trata de personas. Las diligencias buscan establecer si funcionarios públicos, tanto nacionales como extranjeros, pudieron haber facilitado el ingreso de los menores mediante acciones contrarias a sus deberes.

Desde el Ministerio Público recalcaron que la prioridad es reunir con rapidez los antecedentes disponibles y ubicar a los niños, niñas y adolescentes involucrados, considerando la gravedad de los hechos denunciados y la posible existencia de una organización detrás de los ingresos.