Una licitación a la basura en Antofagasta: los cuestionamientos a un contrato millonario que podría dejar a la ciudad sin recolección por meses

La ciudad de Antofagasta enfrenta un escenario complejo en la gestión de sus residuos domiciliarios tras la reciente adjudicación de la licitación pública a la empresa Cosemar, la cual operará el servicio por los próximos cinco años, por parte del concejo municipal encabezado por el alcalde Sacha Razmilic Burgos (Evópoli).

El actual contrato de recolección finaliza el 30 de junio, mientras que la nueva concesión aún debe superar la toma de razón de la Contraloría General de la República y un plazo posterior de instalación de hasta 100 días, lo que proyecta el inicio de las nuevas operaciones recién para el mes de noviembre.

600 mil kilos de basura podrían quedar sin recoger

Este desfase temporal genera preocupación debido a la magnitud operativa del servicio, ya que la comuna produce diariamente cerca de 600 mil kilos de basura. Ante el riesgo de una acumulación progresiva que derive en efectos sanitarios y ambientales, la administración del alcalde Sacha Razmilic busca gestionar alternativas de emergencia para dar continuidad al retiro de desechos, en medio de la discusión por el costo del nuevo contrato, el cual supera en aproximadamente $6.000 millones a la propuesta del actual operador a lo largo de toda su vigencia.

Críticas a la entrega de la licitación

En este contexto de transición, la empresa Demarco (actual prestador que perdió la licitación pese a presentar una oferta económica menor) ha levantado una serie de denuncias formales contra la adjudicación. La compañía acusa a la comisión evaluadora municipal de aplicar criterios dispares y de faltar al principio de igualdad al momento de calificar las propuestas de los distintos oferentes en competencia.

Según los antecedentes expuestos por la firma que perdió la concesión, la oferta de Cosemar presentaba múltiples incumplimientos a las bases técnicas. Entre las irregularidades denunciadas se menciona la presentación de valores de cero pesos sin justificación para kilómetros adicionales, la inclusión de camiones recolectores con transmisión mecánica en lugar de automática, y la falta de acreditación de un servicio técnico autorizado en la comuna para las cajas compactadoras.

Demarco también sostiene que existió un trato desigual en la evaluación de los recorridos. La empresa argumenta que fue descalificada por no presentar la ingeniería de detalle del 100% de las rutas, mientras que a Cosemar y a un tercer oferente (Ciudad Limpia) se les permitieron omisiones similares o la entrega de polígonos geográficos incompletos, manteniendo sus ofertas como admisibles dentro del proceso.

Críticas desde el Concejo

La concejala Karina Guzmán, representante del Partido Regionalista Verde Social, justificó su decisión de no respaldar la reciente adjudicación del contrato de recolección de residuos, explicando que su postura responde a una acción fiscalizadora. Según la edil, su voto se fundamenta en que “hicimos una presentación a Contraloría solicitando una fiscalización a todo el proceso”. Esta medida fue impulsada en conjunto con el resto del cuerpo de concejales tras haber “recibido varias información, algunas denuncias”. Guzmán enfatizó que, debido a su rol de fiscalizadora, debe actuar con cautela y esperar el pronunciamiento oficial del ente regulador, destacando además que “una parlamentaria también hizo una denuncia en Contraloría General”.

Asimismo, la concejala advirtió sobre el historial de irregularidades que arrastra la gestión del aseo domiciliario en la comuna, señalando que este es un tema que “viene ya también de muchos tratos directos, obviamente con hartos vicios dentro de todo el proceso que anterior”. Frente a esta incertidumbre administrativa, Guzmán explicó que en las mesas de trabajo ya se han analizado las diferentes alternativas que podrían derivar de la revisión legal, incluyendo “las posibilidades que hay de que Contraloría obviamente lo vice, de que es con observaciones o que se tenga que repetir el proceso”. Por este motivo, concluyó que, de acuerdo al requerimiento ingresado, se mantiene “a la espera” y firme en su “voto de abstención” hasta que se resuelva la situación legal de la licitación.

Problemas desde la elaboración de las bases

El abogado Rodrigo Lara Fernández, especialista en derecho administrativo y director en VAREGO Consultores, indica que la licitación presentó problemas desde la elaboración de sus bases.

“Llama la atención que, en un proceso tan crítico, las bases de licitación hayan requerido hasta 5 decretos alcaldicios que complementaran el llamado, aclarando y rectificando posteriormente las inconsistencias y omisiones detectadas. El proceso de preguntas y respuestas, que puede ser clave para robustecer las condiciones del proceso y del contrato, no fueron precisas al nivel que se requiere para brindar seguridad y certezas jurídicas a quienes intervienen, en particular, respecto de las maquinarias necesarias para la operación del servicio", asevera el experto.

A pesar de estas deficiencias estructurales en las reglas elaboradas por el municipio, Lara Fernández puntualiza que las alegaciones de Demarco no eximen a la empresa de sus propios incumplimientos. El experto señala que, en este tipo de licitaciones de alta exigencia, Demarco efectivamente incurrió en un error que no es posible salvar de forma posterior, al no presentar oportunamente la totalidad de los documentos referidos a las rutas de servicio.

Ante los problemas de los oferentes, el abogado advierte que “el camino especial previsto por la ley para impugnar la ilegalidad o arbitrariedad de un proceso licitatorio de este tipo es ante el Tribunal de Contratación Pública, órgano que, según el merito del caso, puede dejar sin efecto la adjudicación, retrotraer el proceso, disponer nuevas evaluaciones o invalidar los actos del llamado”.

Un eventual revés legal frente a estas entidades pondría en jaque el inicio del contrato, obligando a la municipalidad a recurrir a mecanismos como la prórroga o el trato directo para asegurar el servicio y evitar una crisis operativa en el retiro de basura.