Caso Procultura da giro clave: tribunal ordena trasladar investigación de arista “fachadas” a Santiago
La justicia acogió la solicitud de la defensa del fundador de Procultura y resolvió que la injdagación deje Antofagasta.
El Juzgado de Garantía de Antofagasta resolvió este martes trasladar a Santiago la arista “Fachadas” del caso Procultura, investigación que involucra al fundador de la ONG, Alberto Larraín, y a la representante legal de la organización, María Constanza Gómez, por presuntos delitos de apropiación indebida relacionados con convenios suscritos en Antofagasta.
La decisión se produjo luego de que la defensa de Larraín solicitara la incompetencia del tribunal, argumentando que los hechos investigados habrían ocurrido en Santiago, donde se realizaron operaciones bancarias y se firmaron electrónicamente documentos vinculados a los convenios cuestionados.
La Fiscalía, encabezada por el persecutor Cristian Aguilar, se opuso a la solicitud, insistiendo en que la competencia correspondía a Antofagasta, debido a que los recursos públicos fueron transferidos desde el Gobierno Regional y la Seremi de Vivienda de esa zona.
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Sin embargo, el tribunal estimó que el presunto delito se configura con el eventual desvío de fondos y no con la firma de los convenios, por lo que determinó remitir la causa al Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago.
La arista investiga convenios como el programa “Recuperación de Fachadas Zona de Conservación Histórica Antofagasta”, mediante el cual el Gore transfirió cerca de $630 millones a Procultura, además de otros acuerdos con la Seremi de Vivienda que superan los $500 millones.
Tras la resolución, el abogado defensor de Larraín, Cristian Arias, criticó la estrategia del Ministerio Público. “Antes tenía una tesis de defraudación al fisco y como evidentemente fracasó, reformuló su imputación. Tiene que hacer una serie de contorsiones para tratar de hacer calzar los hechos”, afirmó.
Además, sostuvo que el fallo confirma que “la forma en que el Ministerio Público pretende que ocurran los hechos está mal planteada”. Con el traslado, será la justicia capitalina la que deberá fijar una nueva fecha para continuar la formalización y eventualmente discutir medidas cautelares.
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