La decisión de Steinert que frenó la ofensiva judicial en caso “Cajas de alimentos” antes de asumir como ministra de Seguridad
Una investigación por compras durante la pandemia detectó sobreprecios y eventuales irregularidades, pero terminó con todos los acusados absueltos tras fallo judicial.
Trinidad Steinert / Oscar Guerra
La ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, enfrenta cuestionamientos por una decisión adoptada antes de dejar el Ministerio Público, cuando lideraba la Fiscalía Regional de Tarapacá.
El caso se remonta a la investigación por la compra de más de 45 mil cajas de alimentos durante la pandemia, donde la Contraloría detectó sobreprecios por $514 millones y eventuales irregularidades en la asignación de contratos.
En octubre de 2025, el Tribunal Oral en lo Penal de Iquique absolvió a los ocho acusados, incluido el exintendente Miguel Ángel Quezada.
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Aunque la fiscalía tenía preparado un recurso para intentar anular el fallo, este no se presentó dentro de plazo. Según consigna Reportea, la decisión fue adoptada por Steinert, pese a que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) sí recurrió.
“La decisión fue adoptada por la máxima autoridad”
Desde la Fiscalía de Tarapacá explicaron al citado medio que se trató de un análisis jurídico: “la decisión de no recurrir (…) fue adoptada por la máxima autoridad (…) quien concluyó (…) que no existía fundamento para recurrir”, precisando que el recurso de nulidad “procede frente a causales específicas que no se vislumbraban”.
La determinación generó dudas debido a su coincidencia con la posterior salida de Steinert del Ministerio Público y su llegada, en enero de 2026, al gabinete del Presidente José Antonio Kast.
Trinidad Steinert / FOTO: LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO
Hubo absolución de involucrados
La causa involucraba a figuras ligadas a partidos del actual oficialismo, lo que alimentó suspicacias en la región, aunque sin pruebas de intervención política.
Desde su entorno descartaron vínculos entre ambos hechos: “no parece adecuado atribuir motivaciones políticas a decisiones que fueron adoptadas (…) conforme a criterios estrictamente jurídicos”, afirmaron.
El caso quedó cerrado el 31 de diciembre de 2025, cuando la Corte de Apelaciones de Iquique rechazó el recurso del CDE, confirmando la absolución y señalando que los hechos correspondían a irregularidades administrativas y no a delitos.
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