Contraloría detecta irregularidades en compra de inmueble del GORE de Magallanes y remite antecedentes a la Fiscalía
El dictamen de Contraloría concluyó que la adquisición de una propiedad en Punta Arenas no se ajustó a derecho y ordenó sumarios, además de enviar los antecedentes al Ministerio Público.
Agencia Uno
La Contraloría General de la República detectó una serie de irregularidades en la compra de un inmueble por parte del Gobierno Regional de Magallanes, en el marco de un proyecto destinado a entregar la propiedad en comodato al Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia.
En su dictamen, el ente fiscalizador concluyó que la adquisición no se ajustó a derecho y resolvió remitir todos los antecedentes al Ministerio Público.
El caso se originó por denuncias vinculadas a la compra del inmueble ubicado en Avenida Jorge Alessandri N° 893, en Punta Arenas. Tras revisar los antecedentes, Contraloría estableció que el Gore no realizó la licitación pública exigida ni justificó formalmente el uso del trato directo. En ese contexto, el dictamen es categórico al sostener que “su actuación no se ajustó a derecho” y que “no resultó procedente la adquisición del inmueble de que se trata”.
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El pronunciamiento también cuestionó el proceso de selección de la propiedad. Según el documento, la vivienda fue escogida sin contar con todos los antecedentes técnicos y administrativos necesarios, con pautas de evaluación que no compararon los inmuebles bajo los mismos criterios.
Además, las tasaciones acompañadas presentaron fallas metodológicas y de trazabilidad, por lo que Contraloría concluyó que “no era posible tener por justificados los referidos valores”.
Junto con eso, el órgano fiscalizador advirtió una eventual afectación al principio de probidad administrativa. Ello, por la participación directa del gobernador regional en el proceso, pese a que el vendedor del inmueble luego compró una propiedad vinculada a una sociedad en la que participa su cónyuge.
Sobre ese punto, el dictamen señala que “puede haber concurrido una circunstancia que afectara su imparcialidad”, por lo que debió abstenerse de intervenir.
Otro aspecto relevante fue el patrocinio, con abogados del Gore, de una querella presentada por la autoridad regional en una causa por injurias y calumnias. Contraloría estimó que “no resulta procedente que se financie con recursos públicos la respectiva acción judicial” y ordenó que los abogados cesen en ese patrocinio, además del reintegro de las sumas asociadas a esa defensa.
Finalmente, la entidad resolvió instruir procedimientos disciplinarios tanto en el Gore como en Mejor Niñez para determinar eventuales responsabilidades administrativas. Además, precisó que “se remiten al Ministerio Público todos los antecedentes relacionados con las situaciones expuestas”, cerrando un dictamen que vuelve a tensionar la gestión regional en Magallanes.