Durante este miércoles, el abogado defensor del gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, Ciro Colombara, valoró -en conversación con ADN Hoy- el rechazo unánime al intento de la Fiscalía por desaforarlo en el marco del caso Pro Cultura, y apuntó directamente a la Fiscalía de Antofagasta por la investigación.

“Es una decisión favorable y satisfactoria para nosotros como defensa. Se rechazó el desafuero y se rechazó además de manera unánime”, afirmó.

Sin embargo, el abogado sostuvo que ahora corresponde esclarecer cómo se originó la acusación. “Lo que nosotros esperamos es que ahora se establezca, se investigue, se explique por el Ministerio Público cómo es posible que se haya fraguado una acusación falsa, la Fiscalía de Antofagasta, en contra de una persona inocente, como es el caso del gobernador Claudio Orrego”, señaló.

“Todos los hechos de la Fiscalía de Antofagasta son falsos, son mentiras. Y por esa razón la solicitud de desafuero se rechazó de manera unánime. La Fiscalía pierde el corazón de la causa contra el gobernador Claudio Orrego. Aquí no hay nada más que cerrar respecto de él”.

Asimismo, Colombara apuntó a una negligencia. “El caso Pro Cultura se sigue ventilando en otras regiones. La razón del caso no es el Gobierno Regional de Santiago. Hay un error —quiero creer—, no una intención deliberada, pero sí una negligencia brutal. Eso es lo que hay que investigar”, indicó.

“No se puede acusar a personas inocentes. La investigación no ha sido desarrollada de manera correcta por la Fiscalía de Antofagasta. Quiero ser muy claro: la responsabilidad no es de la Fiscalía Nacional, es de la Fiscalía de Antofagasta, encabezada por Juan Castro”.

El abogado también cuestionó la forma en que se ha llevado la investigación. “Ellos deben responder por haber levantado esta investigación contra personas inocentes y por las filtraciones a los medios, de manera descontextualizada, para inducir a la opinión pública. Se ha querido crear una imagen de responsabilidad penal respecto de una persona inocente como el gobernador Claudio Orrego”, enfatizó.

“Todas las decisiones judiciales —juzgado de garantía de Antofagasta, Corte de Apelaciones de Antofagasta, juzgado de garantía de Santiago, Corte de Apelaciones de Santiago— han sido favorables a nuestra posición. Se imputó un delito falso a una persona inocente”, añadió.

Los argumentos de la defensa

Respecto al fondo de la acusación, Colombara explicó que “el gobernador Claudio Orrego, en relación al proyecto Quédate, que eso es lo de la acusación que hizo la Fiscalía de Antofagasta, pretendió desarrollar —o desarrolló— un tema que planteó ya el año dos mil veintiuno: la necesidad de desarrollar un proyecto, impulsar un proyecto destinado a proteger la salud mental y prevenir el suicidio, que es un problema acuciante y grave en nuestro país”.

“Sobre ese contexto y ante el anuncio público de que la salud mental y la prevención del suicidio iba a ser una de las prioridades de su mandato, evidentemente muchas instituciones y personas vinculadas al tema se acercaron a la gobernación para participar en este proyecto, entre ellos evidentemente Pro Cultura, pero también otras fundaciones, organizaciones y personas”.

Añadió que “el año dos mil veintiuno se realizó un cabildo abierto para escuchar a la ciudadanía y a las personas interesadas, donde hubo una participación amplia, y surgió la idea de que era imprescindible desarrollar este proyecto”.

“El proyecto real existe y fue un aporte a la sociedad”

Según detalló, en 2022 se comenzó a avanzar formalmente en la iniciativa y “se convoca una reunión en el Gobierno Regional, donde participa Pro Cultura, pero también otras fundaciones, organizaciones especializadas en salud mental y prevención del suicidio, y comienza a tomar forma este proyecto”.

“La Fiscalía de Antofagasta señala que esto se desarrolló incorrectamente, aplicando la ley de compras públicas, y ahí se mira que hubo un trato directo, una asignación directa. Pero no se aplica esa ley, se trata de una transferencia de capital, que está en el ámbito de la Ley de Presupuesto”, sostuvo.

“Se comienza un proceso participativo, amplio, transparente, que respetó todas las normas legales y administrativas de este tipo de proyectos, e intervinieron más de seis órganos de la República: tomó razón el Gobierno Regional, la Comisión de Salud y todos los consejeros regionales, unánimemente. De Santiago, 84 estuvieron de acuerdo en que este proyecto fuera desarrollado”, añadió.

El abogado, finalizó dando valor al proyecto. “Se desarrolla de manera normal y satisfactoria durante un año. Más de catorce mil personas fueron beneficiadas, treinta y dos municipalidades. En fin, el proyecto real existe y fue un aporte a la sociedad”, cerró.