“Estas decisiones fomentan los discursos de figuras populistas”: expertos analizan las debilidades estructurales que revela el caso SQM / Unsplash
“Estas decisiones fomentan los discursos de figuras populistas”: expertos analizan las debilidades estructurales que revela el caso SQM
La absolución de todos los imputados en el millonario caso de corrupción es visto por académicos como un síntoma de la impunidad que rodea a los grupos económicos y políticos, y un recordatorio de las falencias en la redacción de leyes y en el sistema procesal penal.
El reciente fallo que absolvió a los ocho imputados que llegaron a juicio oral en el caso SQM, entre ellos el candidato presidencial Marco Enríquez-Ominami, el exsenador Pablo Longueira y el exgerente de la empresa Patricio Contesse, ha reavivado un profundo debate sobre la equidad del sistema judicial chileno.
Para expertos consultados, la decisión del Tercer Tribunal Oral en lo Penal de Santiago no es vista como una contundente demostración de inocencia, sino como un recordatorio de las profundas asimetrías y debilidades estructurales que perpetúan la impunidad en los escándalos que involucran a los grupos económicos y las cúpulas políticas.
Tras una extensa investigación de 11 años y un juicio que incluyó a 219 testigos –13 de los cuales han fallecido– y más de 14.000 documentos, el veredicto dividido es considerado por muchas voces como un golpe a la lucha contra la corrupción.
El académico Juan Carlos Aguirre, de la carrera de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, sostiene que el mensaje para la ciudadanía es claro: “Hay una justicia para pobres y otra para ricos. En la primera la gente común se va presa si roba, pero cuando hay miles de millones de dólares en juego existe una serie de mecanismos para dilatar los procesos, lo que finalmente permite que nadie vaya preso”.
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Aguirre advierte, además, sobre un efecto indirecto de esta percepción de injusticia: el fortalecimiento de discursos populistas. “Estas decisiones fomentan los discursos de figuras populistas que dicen que vienen a salvarnos de la corrupción, siendo que en algunos casos son igual de corruptos que sus contrincantes y responden a la misma red clientelar”, afirma. Como alternativa para enfrentar este fenómeno, el politólogo propone avanzar hacia una mayor democratización del poder judicial, “como la que adoptó México con la elección democrática de sus magistrados”.
Una ley bajo la lupa
Los docentes de la Facultad de Ciencia Sociales y Educación de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano también destacan que el caso arrojó luz sobre el proceso mismo de creación de las leyes. Los cargos de cohecho y soborno contra Longueira y Contesse, basados en los correos electrónicos que intercambiaron durante la tramitación de la Ley de Royalty Minero, exponen cómo se redacta la normativa en el país y la influencia que ejercen los intereses privados.
Un veredicto contundente, pero un sistema en tela de juicio
Pese a la frustración pública, el análisis jurídico del fallo ofrece otra perspectiva. Yuri Santander, docente de la Escuela de Derecho de la misma universidad, advierte que, si bien la resolución es impopular, se ajusta a derecho.
“Es comprensible que esto genere molestia en una ciudadanía que esperaba condenas. El problema es que el veredicto, al menos, es contundente y está muy bien estructurado, aunque el voto de minoría se hace cargo de algunas críticas. Está bien fundamentado en lo relativo a la recepción correcta de las pruebas y se ajusta a la normativa internacional”, explica.
Para Santander, el caso ayuda a visualizar problemas estructurales del sistema procesal chileno, particularmente en la investigación que lleva adelante el Ministerio Público. “La Fiscalía tiene muchas facultades y el procedimiento está diseñado para que lleve adelante una investigación seria y responsable, sin una ‘visión de túnel’ donde se case con su propia tesis”, señala. Y agrega: “El procedimiento está diseñado a favor del Ministerio Público y aun así se cae en estos veredictos sin culpables”.
El jurista indica que la solución pasa por reformas legislativas que modifiquen el proceso penal y regulen de manera específica los mega juicios y la persecución de la criminalidad económica. Este tipo de cambios, argumenta, no solo mejorarían la eficacia de la justicia, sino que contribuirían a limitar la influencia del dinero dentro del sistema político chileno, una herida que el caso SQM ha dejado una vez más al descubierto.
