Registros en casinos, parques nacionales y multas de tránsito: la nueva jugada que prepara Dorothy Pérez por el “caso licencias”
La Contralora general de la República participó en la comisión investigadora de la Cámara encargada de reunir antecedentes sobre los actos del Gobierno en relación con el deber de fiscalizar el correcto otorgamiento y uso de licencias médicas en el sector público.
Agencia Uno / Mario Andrés Vergara Escobar
Un total de 25.078 funcionarios del sistema público viajaron fuera del país mientras estaban con licencia médica entre 2023 y 2024, según constató la Contraloría General de la República en su Informe Consolidado de Información Circularizada (CIC) N°9. La situación derivó en la apertura de 6.592 sumarios administrativos distribuidos en 133 organismos del Estado.
El informe fue elaborado a partir de un cruce de datos entre los registros de la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso) y los de la Policía de Investigaciones (PDI), específicamente sobre permisos médicos y movimientos migratorios.
Renuncias voluntarias y casos graves
Más de mil funcionarios implicados en la investigación han presentado su renuncia, entre ellos, Fiona Bonati, cuñada del presidente Gabriel Boric. Al respecto, el mandatario afirmó que el Gobierno ha actuado con un solo criterio: “Caiga quien caiga. No importa si es familiar, amigo, cercano, del partido político o donde sea, a todos por igual”.
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Uno de los casos más críticos detectados ocurrió en la comuna de Pemuco, donde siete médicos se otorgaron licencias entre sí, dejando sin cobertura médica a la población local. La Contraloría ya inició los procedimientos correspondientes.
Nuevas líneas de fiscalización: casinos, parques y tránsito
Durante su intervención este lunes 30 de junio ante la comisión investigadora del denominado “caso licencias”, la Contralora General de la República, Dorothy Pérez, informó que se están elaborando nuevos informes que profundizan la fiscalización.
En esta etapa, se busca cruzar las fechas de las licencias médicas con los ingresos registrados en casinos —donde el acceso requiere identificación personal—, así como entradas a parques nacionales y multas de tránsito cursadas en regiones distintas al domicilio de los beneficiarios de licencia. El objetivo es determinar si los funcionarios realizaron viajes o actividades incompatibles con su condición médica.