Durante este lunes, el jefe de la Unidad de Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, Eugenio Campos, se refirió en ADN Hoy a las diligencias del Ministerio Público tras el informe de la Contraloría que reveló que más de 25 mil funcionarios públicos viajaron fuera del país mientras hacían uso de licencias médicas.

En ese contexto, Campos confirmó que en el propio Ministerio Público se detectaron 42 casos en once regiones —entre ellos, diez fiscales— que también salieron de Chile bajo la misma condición.

Consultado por la eventual destitución de los involucrados, Campos explicó que “el fiscal nacional, Ángel Valencia, inmediatamente tomó la iniciativa de poder también fiscalizar —de acuerdo a su reglamento y a la ley orgánica nuestra—, poder ver qué pasa con cada uno de los funcionarios y funcionarias del Ministerio Público. Y es así que se requirió esta información también a la Contraloría General de la República, como posteriormente con la Policía, para poder ver qué otros antecedentes hay”.

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“Esa información tiene que realizarse por cada una de las fiscalías regionales, salvo aquellos funcionarios que dependen de la Fiscalía Nacional, que dependen del fiscal, y ahí la investigación administrativa de rigor. Yo creo que cada caso es particular”.

Campos también respondió si estos antecedentes afectan la credibilidad de las indagatorias penales sobre licencias médicas fraudulentas, considerando que algunos persecutores estarían involucrados.

“Este es un requerimiento de información que se había hecho mucho antes. Quiero mantener un punto: desde enero del año 2023, el fiscal nacional ha establecido un tema de probidad interna dentro del Ministerio Público. Dentro de otras causas, son aquellos antecedentes que permanentemente están en análisis”, señaló.

“No deslegitima para nada. Son responsabilidades distintas. No hay que olvidar que hay una responsabilidad penal que está investigando el Ministerio Público, que, producto del informe de la Contraloría, se dispuso por parte de la Fiscalía Nacional que se abocara a la Fiscalía Regional Oriente, que —dicho sea de paso— tiene mucha experiencia en temas de licencias médicas”.

Más de $26.600 millones

En esa línea, el persecutor precisó que entre 2020 y 2022 se emitieron más de 41 mil licencias médicas que generaron un perjuicio al Fondo Nacional de Salud superior a los $26.600 millones, en causas vinculadas a sociedades médicas de fachada.

“Respecto solo de un par de personas. Y ahí tenemos un grupo que incluso establecía sociedades médicas, casi de fachada, de papel, reclutando médicos que se dedicaban precisamente a emitir licencias médicas en forma fraudulenta, que han significado un perjuicio fiscal de millones de dólares”, indicó.

Finalmente, subrayó que “no tan solo concentrarnos en los emisores —que son los que tienen esta licencia fraudulenta—, sino también en el que hace uso de esta licencia fraudulenta. Es el uso malicioso o fraudulento también de subvenciones, que es una figura típica que también nosotros tenemos a la vista en esta investigación. Desde los que hicieron uso, entre otros factores, de esta licencia fraudulenta, la que nace fraudulenta”.