UDI y RN buscan crear un solo documento junto a republicanos para la acusación constitucional contra la ministra Maya Fernández

Las bancadas de UDI y Renovación Nacional (RN), en representación de Chile Vamos, coincidieron con el Partido Republicano en la necesidad de presentar una acusación constitucional contra la ministra de Defensa, Maya Fernández (PS), tras la fallida compra por parte del Estado de la casa de Salvador Allende, de la cual la secretaria de Estado era una de las propietarias.

Los diputados Gustavo Benavente (UDI) y Ximena Ossandón (RN), jefes de bancada, argumentaron que la ministra habría cometido una “transgresión evidente” a la Constitución, ya que el Artículo 37 bis prohíbe a los ministros “celebrar o caucionar contratos con el Estado” mientras ejercen su cargo.

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“Aquí hay un acto jurídico que tuvo por objeto un provecho patrimonial personal propio, lo que es incompatible con una prohibición clara y explícita”, sostuvo Benavente.

Detalles del libelo y búsqueda de apoyos en la oposición

El texto acusatorio ya se encuentra redactado y consta de un solo capítulo, basado en la supuesta vulneración de la norma constitucional. La oposición espera presentar la acusación esta semana, fusionándola con la propuesta del Partido Republicano, a la espera de consolidar respaldos en otros sectores.

La diputada Ximena Ossandón aseguró que, además de los partidos de derecha, buscarán el apoyo de Demócratas y Amarillos, con el objetivo de “ampliar la base de respaldo y evitar un traspié político”.

“Nosotros compartimos la convicción con el Partido Republicano de que existe una infracción de ley, pero queremos sociabilizar la acusación más allá de la derecha, porque creemos que es una oportunidad importante para crecer hacia el centro”, explicó.

Otras acciones en curso

Además de la acusación constitucional, Chile Vamos ya ha impulsado dos acciones paralelas relacionadas con este caso:

• Una comisión investigadora en la Cámara de Diputados para esclarecer el proceso de compra.
• Un requerimiento ante el Tribunal Constitucional contra la senadora Isabel Allende, quien también es copropietaria del inmueble y está sujeta a la misma prohibición constitucional que la ministra.

Desde la oposición argumentan que la permanencia de Fernández en el cargo, respaldada por el presidente Gabriel Boric, no exime su responsabilidad política, por lo que consideran necesario avanzar con la acusación constitucional.

“Mal haríamos como diputados si ante una transgresión tan evidente nos quedáramos en silencio sin tomar una rápida definición”, concluyeron los jefes de bancada de la UDI y RN.